El gobierno tal como aplica la legislación recibe anualmente RD$43,000 millones y de modificarse como lo plantean algunos sectores, reduciría de ese monto unos RD$ 6,000 millones al año.
“Establecer topes a los impuestos como lo establece la ley sería anti práctico. Otra cosa es que el impuesto del ad-valorem que establece ley 495- 06, no es más que un 16% del precio de paridad a medida que los productos derivados del petróleo van encareciéndose”, expuso López.
El funcionario de Industria y Comercio agregó que por el mismo efecto actual de los combustibles ese impuesto va variando, “es decir, no es lo mismo el 16% de RD$100 que el 16% de RD$1,502”.
“Establecer los topes a los impuestos que establece la ley 112-00 de hidrocarburos, sería algo antipráctico, primero porque el impuesto de la ley 112-00, establece que debe ser indexado cada tres meses, y cuando el legislador la elaboró lo que buscaba era que el valor de los impuestos no quedara desfasado con el tiempo y que el dinero se fuera desvalorando por la inflación”, explicó.
Apuntó que cuando se establece congelar ese impuesto sería ir en contrapropuesta, por lo que entiende no tiene sentido congelar el precio del ad-valorem.
Refirió que si se modifica la ley se afectaría los ingresos por concepto de los impuestos y la ejecución del presupuesto actual que se preparó sobre base de ingresos en función de los impuestos establecidos.
ANADEGAS
De su lado, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), al presentar modificaciones a la ley 112-00, pidió eliminar la aplicación automática del artículo 2 sobre la indexación trimestral de impuesto a los carburantes.
Planteó, igualmente, que debe establecerse un fondo de compensación que permita disminuir el impacto de cambios de precios de los hidrocarburos cuando suban o bajen de precios en el mercado internacional, integrando a importadores, mayoristas y detallistas a la implementación del mismo.
Rafael Polanco López, presidente Anadegas, y el asesor Juan Ignacio Espaillat, entregaron su planteamiento a la comisión de diputados que estudia la pieza y que preside Pablo Adón.
Plantea Anadegas que los impuestos deben dirigirse de forma que todos los combustibles paguen por su capacidad calorífica medidas en BTU; que se establezca un tope de los impuestos de los combustibles que no afecte la producción y se prohíba la implantación de forma administrativa de cobros sobre los combustibles, disponiendo la eliminación del GAL contenido en el reglamento 307-01, que cobra al Gas Natural o al GLP y demás combustibles líquidos impuestos ilegales, para que den facultad al Congreso de definir los gravámenes a pagar cada actor y quién lo recauda.
También sugieren que se establezcan los precios de ventas al público según el precio de compra contenida en la factura de embarque y no tomar como referencia bolsas de valores.
Sugiere los gasolineros la creación de infraestructura necesaria para aumentar la capacidad de almacenamiento a 30 días mínimo, eliminar la asignación de exenciones fiscales de los combustibles, para que la Dirección General de Impuestos Internos apruebe la devolución del pago en efectivo a quienes se considera necesario subsidiar y que no se subsidien combustibles.
POSICION CNTU
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transporte Unificados (CNTU), quien ha venido demandando cambios a esa ley, pidió a los congresistas modificarla para que los precios sean revisados mensualmente y no semanalmente como en la actualidad, porque el país compra combustible trimestral o cada seis meses.
También pidió que el gobierno reduzca sus ganancias a través de los impuestos fijos que son muy altos y puntualizó pidiendo que se cree un fondo de compensación o de contingencia para que el gobierno no tenga que traspasar los incrementos de manera brusca a la población.
FENATRANO
De su lado, Juan Hubieres, de la Federación nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) favoreció la modificación a la ley 112-00 alegando que los altos impuestos aplicados a los combustibles en el país, hace que los carburantes se expendan más caros que en otras naciones que no producen petróleo.
Manifestó que la disparidad de precios se debe a la voracidad fiscal del gobierno de acumular recursos económicos a como de lugar, “algo que está impactando en nuestra economía y por ende, en la inflación”.
Pidió al gobierno eliminar todos los subsidios que otorgan a grandes empresas generadoras y agroindustriales, y zonas francas, que no aportan en nada al transporte de cargas y pasajeros, ni mucho menos dan beneficios a la población.
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