jueves, 6 de junio de 2013

Reenvían acción de amparo contra Ministerio de la Juventud; jóvenes insisten entidad niega información sobre nóminas, viajes, becas y premios



Fue reenviada para el próximo 20 de junio la audiencia donde se conocerá la acción de amparo interpuesta por la Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ)  contra el Ministerio de la Juventud (MJ), debido a que la entidad pública alegó no haber sido notificada.
“La ley establece que las notificaciones se hagan con un día de anticipación y al ministerio se le notificó una semana antes”, expresó José Luis Morillo, coordinador de la red, en declaraciones a HOY Digital.
Dijo que el MJ sigue postergando la entrega de la información solicitada por el grupo juvenil acerca de los Consejos Municipales y Provinciales de Juventud, el Consejo Nacional de Juventud, las Casas de Juventud y el Órgano Asesor de Juventud, así como lo referente a la nómina de la institución.
Otras de las informaciones solicitadas están relacionadas con todo el proceso del Sistema Nacional de Juventud, que la Ley General de Juventud  49-00 manda poner en práctica.
Historia. La Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ) interpuso la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo contra Jorge Félix Minaya, en calidad de ministro de la Juventud, por negar estas  informaciones de carácter público.
En esta acción de amparo, aparece como accionant  la joven integrante de RNAJ,  Elizabeth Vélez, quien le solicitó el 13 de febrero  de este año al Ministerio de la Juventud, informaciones de los viajes realizados por el ministro al exterior del país durante los años 2008-2013, con sus respectivos soportes de cheques, boletos de avión, alquiler de vehículos, pagos de hotel, viáticos y personas que asistieron junto al funcionario, debidamente identificadas. 
El sometimiento fue realizado por los abogados José  Luis Morillo y Victorio Cuevas, representantes legales de la entidad, quienes sustentan que los jóvenes, y cualquier ciudadano interesado, tienen el derecho de solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de todos los órganos del Estado, debido a que así lo establece la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

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