La Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República investiga la sobrevaluación de los gastos en la construcción del Centro Universitario Regional Cibao Central (Curse UASD), en Bonao, que ascendió a la suma de 585 millones 920 mil 449 pesos.
La directora de la entidad Laura Guerrero Pellier fue apoderada de la querella que involucra a nueve implicados entre los que figuran el senador Félix Nova Paulino, Carlos Manuel Ozoria, Néstor Francisco Melenciano, Alberto Holguín, Franklin Mena, Valin de Jesús Marte, Diego Polo Martínez, y las compañías Dicocisa y Ozoria y Asociados.
De acuerdo a la querella de la que El Nacional posee copia, el Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel, supuestamente entregó 140 millones de pesos, no obstante la obra estar contemplada y pagada en el presupuesto de la OISOE.
Los 140 millones entregados por el Consejo para el Desarrollo forman parte de los fondos entregados por la Falconbridge Dominicana, a los municipios, mediante la Ley 507 del 22 de noviembre de 2005.
Esa ley establece el 70 por ciento a Monseñor Nouel, el 20 por ciento a La Vega y el 10 por ciento a la provincia María Trinidad Sánchez, por los efectos ocasionados al medioambiente por la explotación minera.
La querella fue presentada por la Fundación Primero Justicia a través de los abogados Roberto rosario Peña, Juan Roberto González y Ramón María Almánzar.
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mediante contrato encargó de la construcción del Curce-UASD en Bonao a la empresa Dicosa.
Precisan los querellantes que la obra a pesar de que estaba contratada y pagada por la OISOE, la empresa constructora habría recibido el dinero del Consejo de Desarrollo.
En la querella solicitan a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción que designen un equipo de peritos para que rindan un informe respecto al costo de la obra y verificar las cubicaciones para determinar si se ajustan a la realidad.
La querella fue notificada, mediante el acto de alguacil, número 100-2013, en Bonao, del ministerial José Ramón Andújar, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de La Vega.
El grupo está acusado de abuso de confianza, coalición de funcionarios, prevaricación, falsedad en escritura pública, lavado de activos y asociación de malhechores.
Los querellantes exigen la reparación de los 840 millones, a ser entregados al Consejo para el Desarrollo de la Provincia Mosseñor Nouel. Piden que sea solicitada medida de coerción de prisión preventiva.
El contrato de construcción es el número OISOE-FEB-38-2004.
Mientras que los 140 millones fueron pagados mediante los cheques 001397 del 25 octubre de 2007 y 002425 del 12 octubre 2008, según la querella.
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