En un documento remitido al Palacio Nacional y divulgado hoy a la prensa, las organizaciones solicitaron la extensión del plazo que se otorga a los beneficiarios, alegando que 90 días "no es un tiempo prudente para dar respuesta de manera efectiva a dicho proceso".
Asimismo, indicaron que es importante que en un plazo no mayor de 15 días, luego de su promulgación, ya esté conformada la Unidad de Aplicación del Reglamento, para que toda la documentación, formularios y protocolos estén establecidos al momento de entrada en vigencia del mismo.
Además, consideraron oportuno que se establezcan oficinas para prestar los servicios en todas las regiones del país.
Sobre los menores de edad, sugieren modificar el párrafo del artículo 8 que hace alusión al modo de presentar solicitudes en nombre de los mismos.
En ese sentido, propusieron, en cambio, que este artículo precise que "si el interesado es menor de edad, la solicitud será formulada por su tutor de hecho, debidamente comprobado mediante un mecanismo idóneo establecido para tal fin".
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