AP | Jim Gomez y Teresa Cerojano
Un exmiliciano filipino testificó le jueves ante el Senado del país que el presidente, Rodrigo Duterte, cuando aún era alcalde de la ciudad de Davao, le ordenó a él y a otros miembros de un escuadrón de la muerte matar a delincuentes y rivales en asaltos que causaron unos 1.000 fallecidos.
Edgar Matobato, de 57 años, dijo en la sesión del Senado televisada para toda la nación que escuchó como Duterte ordenó algunos de los asesinatos y reconoció que él mismo perpetró unos 50 de los secuestros y ataques letales, incluyendo a un hombre con el que dieron de comer a un cocodrilo en 2007 en Davao, en el sur del país.
La investigación del Senado está encabezada por la senadora Leila de Lima, una firme crítica de la campaña antidroga de Duterte que ha terminado con la vida de más de 3.000 presuntos narcotraficantes y drogadictos desde que asumió la presidencia del país en junio. Duterte ha acusado a Lima de estar implicada en el mundo de la droga, alegando que tenía un conductor que tomó dinero de capos detenidos; ella niega las acusaciones.
Matobato explicó también que Duterte llegó a emitir una orden para matar a de Lima, cuando era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e investigaba la posible implicación del regidor en asesinatos extrajudiciales en 2009 en Davao. Contó que él y otros compañeros esperaban tenderle una emboscada, pero no fue a la parte de una zona montañosa — una supuesta fosa común — donde tenían previsto dispararle.
"Si hubiese ido a la parte superior, nosotros ya estábamos en posición de emboscada", dijo Matobato a de Lima. "Fue bueno que se marchara”.
Los asesinatos más recientes de supuestos narcotraficantes generaron preocupación en Filipinas y entre funcionarios de Naciones Unidas y Estados Unidos, incluyendo el presidente Barack Obama, que ha instado al gobierno de Duterte a parar los ajusticiamientos y a asegurar que su guerra contra la droga cumple con las leyes de derechos humanos y el Estado de derecho.
Duterte ha rechazado las críticas, cuestionando el derecho de la ONU, Washington y Obama a plantear cuestiones de derechos humanos, cuando las fuerzas estadounidenses, por ejemplo, masacraron a musulmanes en el sur del país a principios del siglo XX dentro de una campaña de pacificación.
“Nuestro trabajo era matar a delincuentes como traficantes, violadores, rateros", dijo Matobato bajo juramento, agregando que algunos de sus objetivos no eran criminales sino rivales de Duterte y de uno de sus hijos en la ciudad de Davao.
Las ejecuciones de las que tuvo conocimiento, explicó, ocurrieron a partir de 1988, cuando Duterte fue elegido alcalde por primera vez, hasta 2013, cuando expresó su deseo de abandonar el escuadrón de la muerte, lo que hizo que sus compañeros lo implicaran penalmente en un asesinato.
El vocero presidencial, Martin Andanar, rechazó las acusaciones apuntando que las investigaciones gubernamentales sobre la etapa de Duterte como alcalde de Davao se cerraron por falta de pruebas reales.
Funcionarios y activistas de derechos humanos de Filipinas denunciaron con anterioridad que testigos potenciales se negaron a declarar contra Duterte cuando era aún alcalde por temor a represalias.
No hubo reacción de inmediato de Duterte. Otro de sus voceros, Ernesto Abella, dijo en conferencia de prensa que aunque Matobato "pueda sonar creíble, es imperativo que todos y cada uno de nosotros sopesemos adecuadamente lo que dice y respondamos correctamente".
Matobato declaró que las víctimas en Davao fueron desde delincuentes de poca monta a personas asociadas con los rivales políticos de Duterte, como un rico empresario que fue asesinado en la provincia de Cebu, en el centro del país, por una pelea con el hijo de Duterte por una mujer. El hijo del presidente manifestó que las acusaciones no estaban probadas y que "don meros rumores", diciendo a reporteros que no "dignificaré las acusaciones de un hombre loco".
Otra de las víctimas fue un supuesto terrorista extranjero, a quien Matobato dijo que estranguló, cortó en pedazos y enterró en una cantera en 2002. El escuadrón asesinó también a Jun Pala, un comentarista de radio crítico con Duterte que fue baleado por pistoleros a bordo de una motocicleta cuando caminaba hacia su casa en 2003.
Según el testigo, tras una bomba en una catedral católica en 1993, Duterte les ordenó atacar mezquitas en Davao. Declaró que lanzó una granada de mano contra uno de los templos, que no causó víctimas porque los ataques se realizaron cuando no había nadie rezando.
Algunas de las víctimas fueron baleadas y abandonadas en las calles de Davao o enterradas en tres fosas comunes, dijo explicando que otras fueron arrojadas al mar con la barriga abierta para impedir que flotasen y fuesen comidas por los peces de inmediato.
"Fueron asesinados como gallinas", manifestó Matobato. El dejó de participar en los asesinatos tras sentirse culpable y entró en un programa gubernamental de protección de testigos, que abandonó cuando Duterte se convirtió en presidente por temor a ser asesinado.
El testimonio de Matobato provocó un tenso intercambio entre senadores partidarios de Duterte y sus críticos.
El senador Alan Peter Cayetano, que fracasó en su intento de convertirse en vicepresidente en las elecciones de mayo, acusó a Matobato de formar parte de una trama para desbancar a Duterte.
"Estoy intentando ver si lo trajeron aquí para hacer caer a este gobierno", manifestó Cayetano.
De Lima declaró que Cayetano, que no es miembro del comité, estaba "fuera de lugar" y ordenó al personal de seguridad de la cámara que lo controlara.
Otro senador, el exjefe de la policía nacional Panfilo Lacson, advirtió al testigo de que su reconocimiento de que estaba implicado en asesinatos podría llevarlo a la cárcel.
"Puede ser encarcelado por sus revelaciones", dijo Lacson. "Usted no tiene inmunidad".
Duterte tiene inmunidad presidencial ante las demandas que se presenten en su contra, pero de Lima dijo que esta condición podría reevaluarse ahora. "¿Qué pasa si un líder electo resulta ser un asesino en masa?", preguntó de Lima en una conferencia de prensa tras la tensa sesión en el Senado.DE AP
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