A un mes de los conflictos y agresiones que se escenificaron en el canódromo “El Coco”, los ciudadanos que asisten a buscar sus vehículos aseguran que desde entonces los servicios han mejorado en calidad y velocidad.
“Parece que tenía que pasar eso (refiriéndose a la agresión policial) para que atendieran a uno más rápido”, expuso Andrés Encarnación, quien no pudo llevarse su carro la mañana de este miércoles por falta de documentación.
Al igual que Encarnación, otros de los presentes, que entraban y salían sin esperar mucho en la puerta del centro de retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coincidieron en que el cambio de administración “agilizó las cosas”.
Hansel Cuevas, por ejemplo, explicó que su motor tenía dos meses retenido en “El Coco” y lo consiguió después de varios viajes.
Mientras desempolvaba la motocicleta y evaluaba su estado, Cuevas detalló que las autoridades le despojaron del vehículo luego de ir a reportar un accidente de tránsito.
“Yo fui disque a reportarlo y me quitaron el motor”, indicó, al tiempo que señaló que fue por medio de los videos del encontronazo en el que agentes de la Digesett agredieron al titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a periodistas del Listín Diario y CDN que pudo hallar su motor entre los cientos apilados.
“Yo lo vi y lo ubiqué de una vez”, dijo entre risas.
Otro que llegó temprano al canódromo a buscar una de las unidades fue Ricardo Vicente, quien junto a su hermano procuraba una motocicleta detenida desde hace cuatro meses.
Vicente argumentó que “no había suerte con la mujer que había (la anterior encargada del lugar, coronela Ysbelita de los Santos Pérez, destituida tras el conflicto)”, por lo que rescatar “cualquier vehículo era una lucha”.
“Esa mujer era el… y le hablaba mal a todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, destacó que la anterior dotación que junto a De los Santos Pérez tenía a su cargo “El Coco” sustraían los motores de quienes iban a acompañar a otros ciudadanos a recuperar los suyos.
“Ellos decían que uno no se podía parar en la orilla y hasta te quitaban el motor y te lo metían para allá”, agregó.
Comisión
Por el momento, una comisión integrada por representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Digesett, examinan el estatus jurídico de todos los vehículos para posteriormente realizar una entrega “expedita” a los ciudadanos que muestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.
El atropello
Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasado, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se convirtió en una agresión, despojo de equipos de trabajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que retienen vehículos en el Canódromo El Coco impidieron violentamente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.
Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por videos que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales.
SEPA MÁS
Entrega vehículos
Será expedita
La comisión dijo que examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos retenidos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.
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