Las salas de los tribunales de República Dominicana han sido testigos de cómo tres grandes casos de supuesta corrupción administrativa, al llegar a estrado frente a la disposición del martillo justiciero, terminan en derrotas del Ministerio Público al no contar, según los juzgadores, con la suficiente validez en sus pruebas como para lograr el dictamen a favor.
Odebrecht, Tucanos y Los Tres Brazos han sido son tres ejemplos recientes de casos lo suficientemente mediáticos, que duraron años presentándose ante cortes y que resultaron en un veredicto favorable para la liberación de cargos contra todos, o la mayoría, de sus imputados.
Los Tres Brazos
Tan lejos como ayer, el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió un auto de “no ha lugar'' a favor de todos los implicados en venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
La acusación había sido presentada por el Ministerio Público en noviembre de 2016 contra 17 supuestos actuantes en sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se habrían asociado, según la acusación, para desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo el sector Los Tres Brazos.
Este lunes 6 de junio los acusados fueron exonerados de toda responsabilidad penal bajo el alegato de que el “MP no depositó pruebas suficientes que justifiquen el envío de los acusados a juicio de fondo”.
En las empresas fueron señaladas por el Ministerio Público las empresas Titulatec y Infepa.
Odebrecht
El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una denuncia en contra un supuesta componenda de corrupción en la constructora brasileña Odebrecht, que incluía 10 países de Latinoamérica.
Se informó que en República Dominicana se habían pagado sobornos por 92 millones de dólares para hacerse con obras públicas.
El 22 de diciembre, la Procuraduría General de la República, al mando del exprocurador Jean Alain Rodriguez, emitió un comunicado en el cual afirmó que comenzaría trabajos para procesar a los supuestos involucrados.
Posterior a eso, el 8 de mayo del año siguiente, fueron arrestados 14 acusados de los cuales solo seis fueron enviados a juicio y, casi cinco años después, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a solo dos de los acusados (ninguno por recibir sobornos) y declaró la absolución a los otros cuatro.
Odebrecht ha sido uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, su final levantó múltiples cuestionamientos que, más que dirigirse a la precisión del fallo, lo hicieron en torno al argumento presentado por la corte que calificó en su momento como “débil” el instrumento de acusación presentados por el MP.
Falta de pruebas contundentes, de diligencias procesales y de una correcta investigación, son fallas del ministerio público que imposibilitaron condenar a los “sobornadores”.
Tucanos
Siete años después del inicio del proceso incriminatorio contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); Daniel Aquino Hernández, y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor, acusados de recibir sobornos para la compra de ocho aviones Súper Tucano, fueron descargadas como insuficientes las pruebas que los dictaminarían como culpables.
El organismo acusador dictaba que los mencionados recibieron sobornos de unos US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Súper Tucanos.
Magycor, una de las empresas señaladas en este caso, confesó ante el tribunal su responsabilidad ante los cargos de los que se les acusa, sin embargo el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los declaró inocentes considerando que las pruebas aportadas no lograron concretar su participación.
El apoderamiento de estos casos es adjudicado a la anterior gestión del exprocurador Jean Alain Rodriguez, quien ahora forma parte de la denominada Operación Medusa y se encuentra cumpliendo prisión preventiva en nombre de acusaciones de malversación de fondos, firma de múltiples solicitudes de pagos, entre otros cargos que el MP busca comprobar.
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