Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, aseguró este miércoles que el país tiene una política migratoria general, no dirigida directamente a los haitianos, la cual afirmó continuará aplicándose.
“La República Dominicana tiene su política migratoria, y no es para los haitianos, es una política migratoria general, que nosotros tenemos que llevar a cabo”, respondió Santos respecto a la carta abierta dirigida ayer martes al presidente Luis Abinader, de parte del movimiento Amnistía Internacional.
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En la misiva se instó al Gobierno dominicano a cesar las supuestas violaciones a los derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en las políticas migratorias que la organización calificó de racistas y forzosas.
Ante esto, el ministro agregó que “tenemos nuestras reglas, sí, estamos de acuerdo, tenemos que hacerlo con todo el orden, de manera correcta, sin abuso, pero nosotros tenemos nuestra política migratoria como otros países y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución y cumplir con las leyes dominicanas”.
Estas declaraciones fueron emitidas durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, encuentro en que también participaron el viceministro de Proyectos de Inversión, Camel Curi Lora; la viceministra de Desarrollo Social, Betty Soto y la directora de Comunicaciones, Rosanna Figueroa.
La carta abierta de Amnistía Internacional
La carta que Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), envió al presidente Luis Abinader y a instituciones estatales, apunta que “la drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”.
La misiva destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.
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Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades a garantizar que las personas haitianas tienen acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.
Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas.
Según la organización, en lugar de proteger a estas personas “del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”.
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