La violencia y corrupción dominaron RD en el 2010

SANTO DOMINGO.- República Dominicana finalizará este año con elevados índices de violencia, inseguridad ciudadana y corrupción, factores que contribuyen al deterioro social que vive la población del país caribeño.


A la delincuencia se adiciona la modalidad de asesinatos por encargo o los llamados "sicariatos", en cuyos crímenes participan además, en alto porcentaje, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.


Otros elementos que guardan relación con la violencia son la falta de oportunidades y la inequidad social que degenera en que muchos jóvenes busquen satisfacer sus necesidades económicas de manera "fácil", vinculándose a los grupos delictivos.


Los robos, atracos a mano armada, homicidios, narcotráfico y crimen organizado son los delitos más comunes en la nación caribeña de 48.442 kilometros cuatrados y con una población de casi 10 millones de habitantes.


A pesar de los llamados de diversos sectores para que se adopten medidas preventivas y de persecución, el papel de las autoridades queda muy cuestionado por la incapacidad de respuesta ante el desbordamiento de la violencia social y la complicidad de los integrantes de las diversas instituciones armadas.


Las estadísticas indican que de cada 10 delitos, en al menos cuatro hay miembros del orden público o de los cuerpos castrenses involucrados.


Uno de los factores de mayor incidencia en la situación de emergencia en el país, constituye el negocio del narcotráfico y el tratamiento que desde el Estado se aplica para luchar contra el flagelo.
Mon, 13 Dec 2010 07:20:00 Enviar Imprimir


La violencia y corrupción dominaron RD en el 2010
Fuente CHINA.ORG.CN

Algunos de los casos de sicariatos fueron resueltos por las autoridades




SANTO DOMINGO.- República Dominicana finalizará este año con elevados índices de violencia, inseguridad ciudadana y corrupción, factores que contribuyen al deterioro social que vive la población del país caribeño.


A la delincuencia se adiciona la modalidad de asesinatos por encargo o los llamados "sicariatos", en cuyos crímenes participan además, en alto porcentaje, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.


Otros elementos que guardan relación con la violencia son la falta de oportunidades y la inequidad social que degenera en que muchos jóvenes busquen satisfacer sus necesidades económicas de manera "fácil", vinculándose a los grupos delictivos.


Los robos, atracos a mano armada, homicidios, narcotráfico y crimen organizado son los delitos más comunes en la nación caribeña de 48.442 kilometros cuatrados y con una población de casi 10 millones de habitantes.


A pesar de los llamados de diversos sectores para que se adopten medidas preventivas y de persecución, el papel de las autoridades queda muy cuestionado por la incapacidad de respuesta ante el desbordamiento de la violencia social y la complicidad de los integrantes de las diversas instituciones armadas.


Las estadísticas indican que de cada 10 delitos, en al menos cuatro hay miembros del orden público o de los cuerpos castrenses involucrados.


Uno de los factores de mayor incidencia en la situación de emergencia en el país, constituye el negocio del narcotráfico y el tratamiento que desde el Estado se aplica para luchar contra el flagelo.


El Estado dominicano no cuenta con estrategia de lucha antidroga, y simplemente se centra en operativos para cortar las distribuciones de estupefacientes que se producen en las principales ciudades del país, donde apresan a micro distribuidores, sin llegar hasta los cabecillas de la redes del negocio ilícito de estupefacientes.


Las autoridades que trabajan la problemática de las drogas dirigen sus esfuerzos en la persecución del delito y no implementan programas de prevención a través de la educación ni tampoco establecen estrategias en conjunto.


El país ha dado varios golpes al negocio del narcotráfico, uno de los casos más sonados fue el del capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y el organismo antinarcóticos de la nación caribeña le decomisaron 1.387 kilos de cocaína.


Sin embargo, el caso no fue juzgado en República Dominicana ya que el Ministerio Público prefirió extraditar al ex militar y a otras 21 personas más pedidas por Estados Unidos.


Por el desborde de la situación de crimen y violencia organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han denunciado los efectos negativos en la economía como resultado de los altos niveles de delincuencia.


Sectores religiosos y sociales han manifestado preocupación por el auge de la violencia, que atribuyen a la frustración de miles de jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades de capacitación educativa.
En tanto, otro de los problemas en República Dominicana, es la corrupción. El movimiento cívico Participación Ciudadana reveló que la corrupción en el gobierno es de un 70 por ciento, de acuerdo con una encuesta.


A este cúmulo de situaciones se adiciona la política de asesinatos que desde la Policía Nacional se ejerce contra los supuestos delincuentes, tomando de esta forma la justicia por sus manos y justificando los crímenes como intercambios de disparos, consideran organismos de defensa de los derechos humanos en esta nación caribeña.


En este año varios titulares divisionales del organismo antinarcóticos de República Dominicana han sido arrestados por ser parte de las redes de narcotraficantes.


En septiembre un oficial de la policía y dos miembros del ejército fueron enviados a la cárcel como medida de coerción, tras encontrarse su implicación en el envío de droga a los Estados Unidos, a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, segunda ciudad de económica y política de República Dominicana.


Las denuncias de ciudadanos sobre la extorsión a que son sometidos por agentes de la Dirección Nacional de Drogas ha provocado que varios comandantes y subcomandantes hayan sido expulsados y sometidos a la justicia.


Hasta noviembre la Dirección Nacional de Drogas informó que había decomisado 7.621 kilos de estupefacientes.


Con cada hallazgo de drogas las autoridades dan por cerrado los casos sin realizar detenciones ni dar con los vínculos en las esferas de poder, acrecentando de esta forma la impunidad que por años han tenido los sectores poderosos de la nación.


Otra muestra del deterioro social en el país la muestran las estadísticas de muertes violentas en el país.
El informe de los homicidios durante 2009, entregado a Xinhua en Santo Domingo por la Procuraduría General de la República, sostiene que en riñas personales e intentos de asaltos murieron 2.029 personas, y en los hechos en que sea vieron envueltos agentes de la Policía o miembros de los cuerpos castrenses las víctimas fueron 2.375.


Mientras que a septiembre de 2010 se habían registrado 1.830 muertes violentas, de las cuales 560 están relacionados directamente con hechos delincuenciales.


Uno de los dolores de cabeza para las autoridades en esta nación es la gran cantidad de armas en manos de la población civil.


Es imposible cuantificar el tráfico en el mercado ilegal de las armas, pero estas se comercializan a través de la frontera con Haití, con poca vigilancia y soldados que caen fácilmente en los sobornos de los traficantes de todo tipo de mercancías y de personas.


La influencia de las armas en manos de la gente es tal que de cada tres homicidios ocurridos en República Dominicana, 2,5 son cometidos con pistolas, revólveres, escopetas o "chagón", un arma hecha de forma rudimentaria en talleres.


Ante este panorama la estrategia de las familias es aumentar la seguridad en los hogares y lugares de trabajo. Mientras que muchas comunidades, ante la impotencia de las autoridades, han tomado la justicia por sus propias manos, persiguiendo y linchando a los delincuentes.


Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 48 por ciento de la población de este país antillano vive en la pobreza, un caldo de cultivo para la delincuencia común, los crímenes por encargo y las acciones del narcotráfico y el lavado de activos provenientes de acciones ilícitas.