Empresarios rechazan propuesta del Presidente del Senado

SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) entiende que es improcedente plantear la reducción y eliminación de exenciones otorgadas a sectores productivos a través de la Ley de Proindustria, para aumentar el presupuesto a la educación.
La ONEC se opuso a la sugerencia del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, a los empresario, de que aporten 2% del 5% del PIB que reciben de exenciones fiscales a Educación.

Elpresidente de la ONEC, Pedro Pérez González, dijo que la mayoría de las exenciones persiguen un objetivo bien claro, entre los que se destaca aumentar el nivel de competitividad de los sectores manufactureros y agropecuarios entre otros, lo que a su vez beneficia a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, por lo que su eliminación también perjudicaría a la población consumidora de los bienes que se producen localmente, al encarecer los mismos.

“ Ahora bien, en caso de que se compruebe que de manera generalizada determinadas exenciones no están cumpliendo su cometido o no han sido debidamente aplicadas, ONEC sería la primera en apoyar su eliminación así como la sanción a quienes incurran en malas prácticas”, puntualizó el dirigente comercial.

Asimismo, dijo que la ONEC no está de acuerdo con las recientes afirmaciones de funcionarios dirigidas a vender la idea de que la presión tributaria en nuestro país es baja.

Dijo que si se analiza desde un punto de vista puramente técnico podría parecer así. Sin embargo, explicó si a la fórmula para determinar la presión tributaria s ele integra el altísimo grado de informalidad que existe la economía dominicana, indudablemente que los resultados arrojarían que la presión tributaria efectiva para el sector formal en el país es muy elevada.

En ese orden, sostuvo lo que correcto es seguir agregando más y nuevos contribuyentes, de manera que se distribuya mejor la elevada carga tributaria con que operan las empresas y personas físicas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Consideró que hacer planteamientos que pretendan justificar el cargar aun más el dado a quienes pagan sus impuestos, podría conllevar bien sea condenar a la quiebra a estos contribuyentes o producir un aumento en los niveles de evasión.

Resaltó que el sector comercial organizado apoya sin reservas el que se destinen a Educación los recursos que consigna la ley, pero que en lugar de obtener esos recursos penalizando a los sectores productivos y consecuentemente a la población, se debe incurrir a otras fuentes de donde se pueden obtener y que no perjudicarían a la sociedad en general.

Citó entre ellas una racionalización del gasto público de manera que se eviten derroches y gastos innecesarios; control y disminución de la corrupción tanto pública como privada vía la disminución de los niveles de evasión fiscal; disminución de los montos destinados a la nómina pública, contratando y pagando únicamente a quienes desempeñen una función pública necesaria y que redunde en beneficios para el país, y; priorizando y racionalizando las inversiones en obras.