Santo Domingo"Siento que está en la casa cuando duermo”, dice Carmen al referirse al desconocido que la violó en octubre del año pasado, en el municipio Pimentel, provincia Duarte.
Las noches son un tormento para Carmen. El temor de ser violada por segunda vez al lado de su hijo de cinco años, la llena de angustia y miedo. En menos de 15 días de haber sido violada, el hombre volvió a su casa para cometer el mismo hecho, pero huyó cuando ella lo atacó. Hasta la fecha, él no ha sido arrestado.
“Me mandaron a la Fiscalía de San Francisco de Macorís y desde allá enviaron la orden de arresto, pero nunca lo agarraron; sé que él tiene contactos con la Policía”, sostiene la mujer.
“Él anda suelto. Cuando lo identifiqué (lo vio en la calle) me dio taquicardia, me puse mala y le dije a la diputada que andaba conmigo: ‘ese es, ese es’, pero no se ha hecho nada”, expresa. Carmen no es la única mujer que atraviesa por situaciones de inseguridad luego de ser maltratada.
El año pasado, aproximadamente 15,948 dominicanas denunciaron casos de violencia en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, procedentes de barrios como Los Alcarrizos, El Millón y lugares como Boca Chica y hasta Monte Plata, entre otros.
La Ley 24-97 reconoce como tipos de violencia el maltrato físico, verbal y psicológico.
“Aquí vienen mujeres con maltratos de todo tipo. Los golpes suelen ser moretones en la cara y algunas no tienen lesiones físicas visibles”, indica Martín Peguero, director de la Unidad de Atención de la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, ante tantas denuncias, ¿qué ayuda reciben las mujeres maltratadas para evitar ser asesinadas por sus agresores después de que denuncian sus casos?
Ruta de atención
La eficiencia con que los profesionales actúen en cada fase de atención y la articulación que tengan con instituciones auxiliares y otros factores, inciden en el éxito o fracaso de las denuncias.
La eficiencia con que los profesionales actúen en cada fase de atención y la articulación que tengan con instituciones auxiliares y otros factores, inciden en el éxito o fracaso de las denuncias.
Uno de los primeros pasos en la atención a la víctima es la aplicación de un cuestionario de evaluación de riesgo. Si se determina que la víctima ha sufrido graves daños, está en alto riesgo de sufrirlos o se encuentra en peligro de muerte, se solicita de inmediato una orden de arresto contra el agresor.
Una de las debilidades durante esta fase de la ruta de atención es la lentitud de los jueces en aprobar la orden, y la de los policías en ejecutarla.
“Lo mínimo que se puede tardar es entre 24 y 48 horas, pero tenemos casos en los que han pasado hasta tres y cuatro meses”, dice el magistrado Peguero.
Protección inmediata
A veces, la víctima de violencia está en situación de emergencia y va primero a los destacamentos. El 3 de febrero, Josefina fue perseguida por su expareja para agredirla. Corriendo desesperada en busca de auxilio, ella se dirigió a un destacamento de Los Mina, donde se limitaron a informarle que debía ir a la Fiscalía.
A veces, la víctima de violencia está en situación de emergencia y va primero a los destacamentos. El 3 de febrero, Josefina fue perseguida por su expareja para agredirla. Corriendo desesperada en busca de auxilio, ella se dirigió a un destacamento de Los Mina, donde se limitaron a informarle que debía ir a la Fiscalía.
Al salir, fue atacada en el pecho con un cuchillo y sufrió una herida sangrante en el ojo izquierdo.
En casos en que la mujer vaya a la fiscalía, mientras se espera la aprobación y ejecución de la orden de arresto del agresor, ella debe ser protegida por una red primaria familiar segura. De no ser así, es remitida a una casa de acogida de manera temporal.
Casa de acogida
El país solo dispone de dos refugios para las víctimas hasta tanto el agresor sea apresado.
El país solo dispone de dos refugios para las víctimas hasta tanto el agresor sea apresado.
Si ha pasado una semana y el agresor no ha sido apresado, la mujer es trasladada desde la Casa de Emergencia a la Casa Modelo, cuyo tiempo de atención es desde 15 días hasta tres meses prorrogables.
La Policía puede tardar más de tres meses en atrapar al agresor según los fiscales. Sin embargo, “hemos estado trabajando en la capacitación de los agentes para la protección de las víctimas”, afirma la generala Juana Campusano, directora de la Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional.
Según la Coordinadora del Programa de Casas de Acogida, Gloria Peralta, mientras no se arreste al agresor, las mujeres están en una situación estresante debido a la pérdida de empleo, en caso de que trabajen; ausencia de los hijos a la escuela y otras situaciones que producen sentimientos de frustración al estar aislados de su entorno común y familiar.
“Cuando ellas han pasado tres y cuatro meses y el agresor no ha sido apresado, se desesperan. Dicen: ‘Yo estoy presa y él suelto yendo a la discoteca. Me voy de aquí’. Nos cuesta mucho tranquilizarlas”, sostiene Peralta.
Otro problema que ocasiona la lentitud en el apresamiento del agresor es la sobredemanda de mujeres en las Casas de Acogida, lo que contradice la Ley 88-03, que estipula que en la Casa de Emergencia se deben albergar no más de cuatro mujeres con sus hijos menores de 14 años, y de 10 a 12 mujeres en la Casa Modelo.
Apoyo durante el proceso
Desde el momento en que una mujer denuncia un maltrato en la fiscalía, inicia un proceso largo en el que debe recibir desde atenciones psicológicas, hasta ayudas económicas para llevar el caso hasta el final. “Quizás la mujer no buscaba una orden de arresto. Una verdadera víctima nunca quiere que tomen preso al padre de sus hijos, dicen que no se lo perdonarán a ella”, sostiene Aracelys Peralta, fiscal coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención contra la Violencia de Género.
Desde el momento en que una mujer denuncia un maltrato en la fiscalía, inicia un proceso largo en el que debe recibir desde atenciones psicológicas, hasta ayudas económicas para llevar el caso hasta el final. “Quizás la mujer no buscaba una orden de arresto. Una verdadera víctima nunca quiere que tomen preso al padre de sus hijos, dicen que no se lo perdonarán a ella”, sostiene Aracelys Peralta, fiscal coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención contra la Violencia de Género.
La asistencia psicológica es de gran importancia durante la ruta de atención.
La fiscal Peralta explica que la situación se complica cuando las víctimas dependen económicamente de su agresor y por los vínculos afectivos cuando hay hijos.
Esta dependencia las lleva en ocasiones a desestimar las denuncias, pues no cuentan con recursos para los gastos de transporte y alimentación, ocasionándoles sentimientos de frustración y desinterés hacia el caso.
La magistrada Peralta aclara que las unidades disponen de un fondo para suplir las necesidades de transporte y alimentación de las víctimas durante el proceso.
No obstante, ese fondo no es suficiente, según indica el fiscal de la Unidad de Atención de la provincia Santo Domingo, que atiende cerca de 40 casos por día.
DesamparoAna tiene un mes interna en el hospital Darío Contreras.
Su expareja la tiró al suelo, lo que le provocó daños en la cadera y necesita una prótesis para caminar.
La mujer proveniente de Bávaro no ha hecho su denuncia porque su caso debe ser atendido por un fiscal adjunto en Higu¨ey. Ella no puede movilizarse y tampoco cuenta con algún familiar que le brinde apoyo.
“Ellos (su familia) no quieren que yo vaya para allá por razones que no voy a decir.
No sé qué voy a hacer cuando salga de esto. Espero que de Higu¨ey me puedan enviar un alguacil”, expresa la víctima.
Para una óptima ruta de atención a las mujeres sobrevivientes de la violencia, se requiere desarrollar una eficiente coordinación de todos los actores que intervienen en la prevención, atención y penalización de la violencia.
La procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, entiende que debe existir un presupuesto con perspectiva de género para eficientizar más el trabajo de los responsables de atención, así como para crear más centros en otros puntos del país.
“La capacidad de respuesta está desbordada con relación a la demanda de las víctimas”, argumenta Reyes, al tiempo que informa que se contempla crear una unidad de atención en Santo Domingo Oeste.
“Debemos dar respuesta al problema con logística y herramientas para que los fiscales puedan operar mejor”, agrega Reyes.
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SE REQUIEREN MÁS UNIDADES
Contrario al Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo enfrenta mayores difi cultades debido a que no existen fi scalías barriales que descentralicen un poco la atención a las víctimas.
SE REQUIEREN MÁS UNIDADES
Contrario al Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo enfrenta mayores difi cultades debido a que no existen fi scalías barriales que descentralicen un poco la atención a las víctimas.
Ana Pérez (nombre fi cticio) fue violada en Los Alcarrizos y al dirigirse al destacamento del sector, la remitieron a la unidad de la Zona Oriental. Según ella, poner la denuncia fue un proceso “tedioso” que le tomó casi todo el día, debido a la cantidad de denunciantes que había en el lugar. Según la procuradora de la mujer, Roxanna Reyes, se contempla instalar una unidad en Santo Domingo Oeste.
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UNIDADES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN EL PAÍS
LÍNEA DE VIDA. Central telefónica que ofrece a los ciudadanos atención gratuita para denuncias por hechos violentos en todo el país: 809-200-1212 (Temporalmente fuera de servicio), sin cargos. Otro teléfono es 809- 688-0009.
UNIDADES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN EL PAÍS
LÍNEA DE VIDA. Central telefónica que ofrece a los ciudadanos atención gratuita para denuncias por hechos violentos en todo el país: 809-200-1212 (Temporalmente fuera de servicio), sin cargos. Otro teléfono es 809- 688-0009.
DISTRITO NACIONAL DIRECCIÓN: Avenida Rómulo Betancourt, #301, sector Bella Vista. 809-533-6668. La extensión 57 remite al Destacamento de la Unidad para emergencias después de las 9:00 de la noche.
PROVINCIA SANTO DOMINGO DIRECCIÓN: Calle Puerto Rico #103, sector Alma Rosa I, Zona Oriental. 809-593-4004 (Temporalmente fuera de servicio). Destacamento de la unidad con servicio las 24 horas: 809 593 3527.
SANTIAGO DIRECCIÓN: Avenida 27 de Febrero, esquina E. Guerrero.
809-576-0151 LA VEGA DIRECCIÓN: Calle Padre Billini # 37. 809-242-2926.
BANÍ DIRECCIÓN: Calle Segunda, detrás de INESPRE, sector Brisas de Guazuma. 809-522-8674 y 809-522-7400.
SAN CRISTÓBAL 809-528-1772.
SALCEDO Centro Jurídico para la Mujer.
DIRECCIÓN: Calle Duarte # 56. – 809-587-7578.
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN APOYO A LA MUJER CENSEL: Centro de Servicios Legales para las Mujeres. 809-687-0098.
PACAM: Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. 809-533-1813.
NAM: Núcleo de Apoyo a la Mujer. Santiago. 809-581-8301.
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