Falta seguridad RD preocupa españoles

SANTO DOMINGO.- Empresarios españoles en la República Dominicana están preocupados por los problemas que deben afrontar para hacer negocios en el país, donde hay una situación de "seguridad jurídica cero", en muchos casos debido a la actitud de la Administración local, dijeron fuentes del sector.

Inversores que han firmado contratos con administraciones dominicanas se quejan de impagos millonarios, litigios, paralización de proyectos y "todo tipo de corruptelas por parte de políticos, funcionarios y jueces", agregaron las fuentes.

Empresas como Telvent, Acciona, Hoteles Barceló, Azucarera Porvenir, Elsamex, Gadetur, Ibertest y Urbaser, entre otras, han sufrido problemas por impagos o por paralización de sus actividades, confirmó una fuente de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, que corroboró las denuncias empresariales.

También colectivos como la Asociación de Empresarios Gallegos de la República Dominicana se quejan de esta situación. "No hacemos negocios con la Administración porque no es confiable. No pagan, ha sido así siempre", expresó una fuente de esa entidad.

España es el tercer inversor extranjero en la República Dominicana, tras Estados Unidos y Canadá, y el primero en el sector turístico.

Las inversiones españolas desde 1996 superan los tres mil  434 millones de dólares, según estimaciones del Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana (Cei-Rd).

La consejera económica y comercial de la embajada de España, Mónica Vázquez, reconoció el malestar.

"Si la institucionalidad no era muy fuerte, últimamente cada vez es menor (...) no hay un seguimiento de temas a nivel del Estado y nos hemos encontrado con opiniones diferentes entre el presidente y sus ministros", dijo, en referencia al exgobernante dominicano, Leonel Fernández, quien dejó el poder en agosto.

Uno de los casos más recientes es el de la empresa de capital español Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), que denunció en agosto el incumplimiento de un laudo internacional que obliga al Estado a indemnizarle con 45 millones de dólares.

Pero, el Gobierno dominicano no solo no pagó sino que además incautó los bienes de Codacsa.