El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó hoy el Sexto Informe de Monitoreo de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública donde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado fue la que obtuvo menor puntuación, en respuesta a las solitudes hechas por esa entidad.
La entidad explicó que depositaron unas seis solitudes de información a 52 entidades públicas, las cuales fueron seleccionadas por la relevancia de sus funciones y por ser las de mayor participación en el presupuesto de la nación.
La mayor puntuación con una calificación de A (entre 90 a 100 puntos) la obtuvo la Dirección General de Contrataciones Públicas, seguido de la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Pensiones.
Mientras que en las categoría B (entre 80 a 89.9), están la Superintendencia de Bancos; la Cámara de Cuentas, La Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Cultura; Industria y Comercio; el Indotel y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, entre otras.
En tanto que 18 instituciones públicas reprobaron con una calificación de F (por debajo del 50 puntos), entre las que se encuentran el Ministerio de Educación Superior; la Dirección General de Bienes Nacionales; la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA).
También, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Lotería Nacional; el Senado de la República; la Dirección de Aduanas; la Superintendencia de Seguros; Promesecal; el Ministerio de Obras Públicas, la Junta Central Electoral, el Ministerio de Hacienda; la UASD, el Ministerio de la Juventud y el Instituto Dominicano de Aviación Civil.
Participación Ciudadana indicó que sólo en el 54 por ciento de los portales electrónicos, de las instituciones evaluadas, se pudo constatar la publicación de las estadísticas institucionales.
Dice que también pudieron constatar que para el presente año el nivel de cumplimiento en la publicación del presupuesto disminuyó, ya que el movimiento registró que el 56% de las entidades no publicaron su presupuesto en los portales electrónicos.
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