El decreto-contrato le otorgaba 12 meses a la compañía beneficiaria para que adquiriera la certificación internacional BASC para el reconocimiento de las cargas dominicanas en puertos extranjeros
US$95 por furgones de 20,40 y 45 pies, y US$14 por furgones vacíos.
El expresidente Hipólito Mejía, mediante el decreto 675-03 del 15 de julio de 2003, firmó un contrato con la empresa ICSSI, SRL, entre cuyos accionistas estaba la familia dominicanaBeauchamp, la cual habría vendido sus acciones al oftalmólogo dominicano radicado en Miami, Salomón Melgen, hoy envuelto junto a su amigo, el senador demócrata Bob Menéndez, en un triángulo de supuesto tráfico de influencias, viajes al país sin informarlo al Senado de EE.UU., y orgías en yates con dominicanas menores de edad.
Según explicó el abogado Vinicio Castillo Semán este lunes 4 de febrero, Menéndez, actualmente investigado por el FBI, “no tuvo absolutamente nada que ver con la adquisición de las acciones del Dr. Melgen en la empresa ICSSI, SRL, en momentos en que ni siquiera manejaba ningún comité del Congreso (de EE.UU.) relacionado al tema de seguridad o narcóticos”.
Las acusaciones en Estados Unidos contra Menéndez, además de alegadamente violar el Código del Menor en el país, dan cuenta de que éste habría utilizado su influencia para que el Departamento de Estado de Estados Unidos obligara al Estado dominicano a cumplir el acuerdo con la ICSSI y se implementara el sistema de instalación de monitoreo por Rayos X de las cargas en los puertos y aeropuertos dominicanos. Además, viajó en dos ocasiones a República Dominicana en vuelo privado con Melgen, sin infomarlo al senado y sin pagar por el servicio, lo que en Estados Unidos constituye una seria violación de la ética de un funcionario público.
Los detalles del decreto-contrato
El decreto 675-03 deroga los artículos 2 y 3 del decreto 898-02, del 12 de noviembre del 2002, en el que se autorizaba el cobro de los servicios de verificación de contenedores, mercaderías y otras cargas mediante el uso de digitalización de imágenes de Rayos X y sus tarifas clasificadas. También implicaba al decreto 336-03, mediante el cual se autorizaba a la Autoridad Portuaria a cobrar el servicio de rayos X a las mercancías y mercaderías en sus almacenes.
El artículo 4 del decreto establece que “la empresa seleccionada para brindar los servicios de verificación de furgones mediante este sistema, deberá contar con una certificación internacional a través del BASC, para la revisión efectuada a la carga de exportación u procedente de puertos dominicanos tenga reconocimiento de las aduanas extranjeras”.
El párrafo único de dicho artículo establece que “se le otorga un plazo de 12 meses a la sociedad ICSI SA para que a partir de la fecha del presente decreto obtenga la certificación internacional correspondiente”. Vinicito Castillo dijo en rueda de prensa que ese contrato se lo habría dado Hipólito Mejía a la familia Beauchamp Javier a raíz del asesinato de Juan René Beauchamp Javier.
Las tarifas por la digitalización
El decreto-contrato es claro cuando dice en su artículo 2 que “se autoriza a la sociedad ICSI para que en nombre del Estado y del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), pueda cobrar los servicios de verificación de contenedores y otras cargas, mediante el sistema de digitalización de imágenes de rayos X, a ser instalados en los puertos dominicanos”.
La revisión sería aleatoria y tendría costos de US$14 por contenedores vacíos, y US$95 dólares por contenedores de 20, 40, y 45 pies llenos de mercancías. El Estado recibiría 1.5% mensual del monto recaudado, es decir, un 18% anual.DE LA Z101DIGITAL.COM
Según explicó el abogado Vinicio Castillo Semán este lunes 4 de febrero, Menéndez, actualmente investigado por el FBI, “no tuvo absolutamente nada que ver con la adquisición de las acciones del Dr. Melgen en la empresa ICSSI, SRL, en momentos en que ni siquiera manejaba ningún comité del Congreso (de EE.UU.) relacionado al tema de seguridad o narcóticos”.
Las acusaciones en Estados Unidos contra Menéndez, además de alegadamente violar el Código del Menor en el país, dan cuenta de que éste habría utilizado su influencia para que el Departamento de Estado de Estados Unidos obligara al Estado dominicano a cumplir el acuerdo con la ICSSI y se implementara el sistema de instalación de monitoreo por Rayos X de las cargas en los puertos y aeropuertos dominicanos. Además, viajó en dos ocasiones a República Dominicana en vuelo privado con Melgen, sin infomarlo al senado y sin pagar por el servicio, lo que en Estados Unidos constituye una seria violación de la ética de un funcionario público.
Los detalles del decreto-contrato
El decreto 675-03 deroga los artículos 2 y 3 del decreto 898-02, del 12 de noviembre del 2002, en el que se autorizaba el cobro de los servicios de verificación de contenedores, mercaderías y otras cargas mediante el uso de digitalización de imágenes de Rayos X y sus tarifas clasificadas. También implicaba al decreto 336-03, mediante el cual se autorizaba a la Autoridad Portuaria a cobrar el servicio de rayos X a las mercancías y mercaderías en sus almacenes.
El artículo 4 del decreto establece que “la empresa seleccionada para brindar los servicios de verificación de furgones mediante este sistema, deberá contar con una certificación internacional a través del BASC, para la revisión efectuada a la carga de exportación u procedente de puertos dominicanos tenga reconocimiento de las aduanas extranjeras”.
El párrafo único de dicho artículo establece que “se le otorga un plazo de 12 meses a la sociedad ICSI SA para que a partir de la fecha del presente decreto obtenga la certificación internacional correspondiente”. Vinicito Castillo dijo en rueda de prensa que ese contrato se lo habría dado Hipólito Mejía a la familia Beauchamp Javier a raíz del asesinato de Juan René Beauchamp Javier.
Las tarifas por la digitalización
El decreto-contrato es claro cuando dice en su artículo 2 que “se autoriza a la sociedad ICSI para que en nombre del Estado y del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), pueda cobrar los servicios de verificación de contenedores y otras cargas, mediante el sistema de digitalización de imágenes de rayos X, a ser instalados en los puertos dominicanos”.
La revisión sería aleatoria y tendría costos de US$14 por contenedores vacíos, y US$95 dólares por contenedores de 20, 40, y 45 pies llenos de mercancías. El Estado recibiría 1.5% mensual del monto recaudado, es decir, un 18% anual.DE LA Z101DIGITAL.COM
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