Tras más de seis horas de sesión, el proyecto fue aprobado con 122 votos a favor y tres en contra, los cuales fueron de los diputados Pelegrín Castillo, Juan Hubieres y Guadalupe Valdez.
La diputada Josefa Castillo agregó un párrafo al artículo 90, que expresa que “no será punible la interrupción del embarazo cuando se practique por personal médico especializado en centros o establecimientos de salud, públicos o privados; siempre que sea necesario para evitar peligro para la salud o la vida de la mujer”.
En el artículo 90, la pieza establece que los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, y las parteras, que abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto, se sancionarán con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3, del artículo 42 de la Constitución.
La pieza también tipifica como cómplices a los que contribuyen a la comisión del hecho con actos u omisiones, los cuales serán sancionados con la pena inmediatamente inferior a la del autor.
Las penas para los infractores van desde la prisión mayor de 30 a 40 años; 20 a 30; 10 a 20 y de 4 a 10. Establece, además, condena por multas de 30 a 40 salarios mínimos, 20 a 30; 10 a 20; 4 a 10 y entre una o varias veces el monto envuelto en el fraude cometido.
Entre las modificaciones está la que sometió Juana Vicente al artículo 119 para que rece “los golpes, heridas o violencias descrito en el artículo 87 del Código Penal, no causan la muerte a la víctima pero si una incapacidad total de trabajo por 90 días o menos, o haya causado alguna lección se sancionará con la pena de uno a dos años de prisión y multa de un día a dos años salarios.
El proyecto pasará al Senado de la República para su conocimiento y aprobación.
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