SANTO DOMINGO. La principal causa del problema del transporte público y el tránsito en el Gran Santo Domingo es la superpoblación de las rutas autorizadas, las que se multiplican en la mayoría de los casos por varias veces la cantidad aprobada.
El director general de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), general Juan Gerónimo Brown Pérez, admite que esa situación es la causa por la cual los choferes de guaguas atraviesan la ciudad en una lucha constante por los pasajeros y también de la ocupación de los espacios públicos en los entornos de los lugares donde hacen paradas.
Durante la participación del general Brown Pérez en el Diálogo Libre, del periódico Diario Libre, éste expuso que de las 208 rutas de guaguas del Gran Santo Domingo que funcionan "autorizadas", todas se encuentran superpobladas porque quienes las manejan las han vendido a más vehículos de los que fueron aprobados por los estudios realizados.
"Las doscientas ocho rutas que tiene el Gran Santo Domingo funcionando de manera autorizada, fuera de las irregulares, que son otras. Esas 208 rutas están superpobladas", declaró.
Sostuvo que "hay una ruta que se aprobó con veinte carros pero en la actualidad tiene ciento cuarenta guaguas". "Eso en cualquier plano que usted lo ponga es un caos", destacó el director de la Amet.
El resultado de ese desorden es que al final los choferes "tienen una oferta superior a la demanda, y por eso es que usted ve que hay veinte y treinta vehículos esperando su turno (en una parada de autobuses). Un turno que nunca va a llegar, porque la demanda del servicio no da". Según Brown Pérez, este "es el principal problema en materia de transporte" e incide significativamente en el tránsito".
Reconoció que pese a esta situación, la sociedad tiene una percepción de que "el desorden es de tanto tiempo y tan grande que parecería que no vamos a llegar a feliz término". Explicó que esto afecta al propio chofer de las guaguas públicas que paga un alto costo por el derecho a transitar en una ruta poco eficiente. Brown Pérez aseguró que para tratar ese inconveniente, el consejo (la Junta de Directores de Amet) se reunirá esta semana "para poder tomar decisiones reglamentarias en cuanto al transporte, y ese punto de los perfiles de las rutas que hay que definitivamente decidirlo".
Dijo que será la primera vez que se realiza la reunión desde 1997. El consejo que dirige la Amet está compuesto por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministro de Interior y Policía, el Jefe de la Policía Nacional, el Ministro de Obras Públicas, la dirección general de Amet, un representante del Ayuntamiento del Distrito Nacional y un representante de la Dirección General de Tránsito Terrestre.
"No hay consecuencias para el violador de la ley"
El general Juan Gerónimo Brown Pérez, director de la Amet, sostuvo que una de sus metas es la persecución de los infractores de la Ley de Tránsito (241).
A su entender, "el problema es que no hay consecuencias para el violador de la ley". "Los choferes están acostumbrados a tomarse una vía contraria libremente porque saben que no va a tener una repercusión alguna".
Se refirió a la publicación de Diario Libre donde sale a relucir que un conductor de transporte público ha sido multado en 474 ocasiones sin ninguna sanción ni cancelación de la licencia, o el pago de las contravenciones.
En este sentido, destacó la necesidad de incluir en la persecución de los que infringen la ley "medidas más drásticas", con la finalidad de reducir los niveles de caos que sufre el tránsito nacional. "Hemos iniciado conversaciones con la Dirección General de Tránsito Terrestre para que cancele la licencia de conducir de esos conductores que son consuetudinarios, porque ya no basta con multas, con retenerles el vehículos, con ponerles en una charla y dejarlos detenidos por 48 horas, hay que tomar medidas más drásticas", afirmó.
Indicó que trabajan para que una persona que tenga una infracción vencida esté invalidado para hacer transacciones bancarias". "La intención -dijo Brown Pérez- es que los infractores tengan que pagar las multas".
Pago de multas
El general admitió que uno de los problemas del pago de las contravenciones es el deficiente sistema en el que opera la Amet, y esto a su vez, ha influido en que el Estado haya dejado de cobrar aproximadamente 1,500 millones de pesos por multas de tránsito.
Llamó a la población a que pese a las quejas de que el proceso de pago de multas es tortuoso, "se puede ir a un Banco de Reservas voluntariamente para realizar el pago". "Existe el pago voluntario y el ciudadano reconoce cuando ha cometido una infracción de tránsito. Si las personas se quieren ahorrar esos inconvenientes pueden ir a un banco".
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