SANTO DOMINGO,República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la República Dominicana anunció hoy que demandará al Estado dominicano ante el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, por las supuestas prácticas que lleva a cabo la Policía Nacional.
A través de un comunicado, la CNDH denunció la “gravedad” de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, debido a las ejecuciones extrajudiciales “que se están llevando a cabo desde la Policía Nacional en los últimos meses”.
La comisión se refirió de forma específica “a la ejecución a quemarropa” el pasado fin de semana de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, involucrados en la muerte la semana anterior de una oficial de la Policía, adscrita a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), para despojarla de su arma mientras dirigía el tráfico en horas de la mañana en el norte de Santo Domingo.
Los dos jóvenes, identificados como Juan Carlos de la Cruz Adames y Wandy Sánchez, fueron “ultimados a quemarropa” por la Policía, que utilizó para darles muerte, “un número de agentes policiales desproporcionado respecto a la operación policial”, según denunció la comisión.
Sánchez, de 16 años, fue ejecutado, de acuerdo con la CNDH, en una habitación y estaba, al parecer, desarmado y en compañía de su novia.
El adolescente recibió diez balazos de parte de la Policía en un supuesto intercambio de disparos en el que, sin embargo, “ningún policía resultó ni siquiera herido”, indicó la CNDH.
Las ejecuciones extrajudiciales, agregó la comisión, “representan una de las violaciones de los derechos humanos más graves y aberrantes que un Estado pueda cumplir en ejercicio de sus funciones”.
“Hasta en los países donde es vigente la pena de muerte, esa es improcedente contra menores de edad”, precisó.
En la República Dominicana “lo que se está implementando, contrariamente a cualquier básico principio de derechos humanos, es la pena de muerte encubierta donde un grupo de policías, con el aval de la institución a la cual pertenecen, se toma el derecho de ser en el mismo tiempo fiscales, jueces y ejecutores de la pena”, subrayó.
En ese sentido, instó a la sociedad civil a “condenar en todos los espacios de discusión democrática esta nefasta práctica de control de la inseguridad ciudadana, que además de ser ampliamente demostrado en otros países, no resuelve el problema de la criminalidad”.
De acuerdo con la CNDH, esta práctica crea, además, “graves daños al tejido social de las mismas, a la estabilidad política, a la confianza en las instituciones públicas y esconde los reales problemas que residen en la corrupción generalizada y en la inequidad social imperante”.
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