El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, consideró un logro de los trabajadores la eliminación del anteproyecto de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en lo relativo a que el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (Inaril) se encargue de la “administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio”.
Pepe Abreu, consultado por Listín Diario, manifestó que ese reclamo estaba contenido en el documento que se entregó al Gobierno, al finalizar la marcha del miércoles 10 de abril.
“Era claro que si el desahucio se relaciona con la acción que tiene que ver con la cesantía, la pretensión era traspasar el pago del desahucio al Inaril y eso se constituía en un desconocimiento de lo que estamos discutiendo en Intec y además enun sustituto de lo que es el artículo 80 del Código Laboral”, explicó Pepe Abreu.
Indicó a partir de este anuncio están dispuestos a regresar a la mesa del diálogo cuando sean nuevamente convocados, pero reiteró que cesantía es un tema en el que el movimiento sindical no va a variar su postura, así como tampoco en el tema de procedimientos contractuales.
Afirma el sindicalista que aunque desde el Gobierno siempre se intentó desmentir que el interés expreso era traspasar el tema de la cesantía al Inaril al final lo admiten porque deciden eliminar el párrafo. “Sentimos que se oyó el clamor de los trabajadores y sus aliados.
No están en contra
Pepe Abreu aclaró que el movimiento sindical no está en contra de la disolución del IDSS, como ha querido hacer ver el Gobierno, y dijo que lo único que han advertido es que allí laboran cerca de 2,000 personas a las cuales hay que garantizarles a unos su reubicación, a otros sus prestaciones y a los de mayor tiempo en la institución, su jubilación.
Pepe Abreu aclaró que el movimiento sindical no está en contra de la disolución del IDSS, como ha querido hacer ver el Gobierno, y dijo que lo único que han advertido es que allí laboran cerca de 2,000 personas a las cuales hay que garantizarles a unos su reubicación, a otros sus prestaciones y a los de mayor tiempo en la institución, su jubilación.
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