Tras siete días de audiencias, la fiscalía entregó el jueves abundante prueba documental y desistió de seguir presentando testigos ante un tribunal de justicia que tramita el mayor juicio por corrupción del país, en que está implicado el expresidente Rafael Correa.
La fiscal general, Diana Salazar, dijo a la prensa que ha presentado la documentación que servirá de prueba para demostrar que entre 2012 y 2016, proveedores del Estado entregaron dinero a funcionarios públicos o pagaron facturas del partido de gobierno Alianza País a cambio de obras.
Aparte del exmandatario, en el caso conocido como Sobornos 2012-2016 están acusadas otras 20 personas entre las que constan también el ex vicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, exministros y empresarios.
Salazar agregó que “la fiscalía es absolutamente ajena a los procesos políticos” y aseveró que “hemos presentado alrededor de 34 testigos, presenciales, peritos y testimonios... (con los cuales) tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal”. La fiscalía había dicho que tendría 160 testigos.
Los sindicados están acusados por la fiscalía de ser parte de una estructura de corrupción destinada a canalizar millonarios aportes económicos ilegales hacia el partido de gobierno Alianza País, bajo férreo control de Correa (2007-2017).
Este proceso judicial ha sido dilatado por lo menos en siete ocasiones, entre otras causas por ausencia de los abogados o de sus defendidos, entre otras.
El exmandatario, tras dejar el poder en mayo de 2017, se radicó en Europa, junto a su familia, aunque más tarde se descubrieron una serie de actos de corrupción, como la malversación de fondos públicos.
Además pesan en su contra una decena de quejas judiciales por acusaciones de vulneración de derechos humanos, entre otros.DE AP
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