El Tribunal Superior Administrativo (TSA), fue apoderado de un recurso contencioso administrativo sobre los incrementos salariales y beneficios e incentivos, realizados en diferentes instituciones del Estado por 21 funcionarios.
El recurso fue presentado por el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Pontentini, a través de los abogados Henry Misael Adames Batista y César Alexander Noboa Valenzuela.
La instancia fue interpuesta en contra de Rafael Aníbal Velazco Espaillat (exsuperintente y expresidente del Consejo de la Superintencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintencia de Banco).
También Andrés Corcino Cueto Rosario, gerente general de Edenorte Dominicana; Martín Robles Morillo (administrador general de la empresa de generación Hidrométrica Dominicana ETED); Rafael Bienvenido Santana Guilalo, presidente del Consejo Directivo de la empresa de generación eléctrica dominicana; Julio Enrique de Windt Reyes, miembro; Juan Rafael Gutiérrez Burgos, miembro; José Ignacio Acero Ruiz, miembro; Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
Inhibición del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, del caso Antipulpo, fue remitida a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
El expediente fue remitido por la oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, que preside Kenya Romero, luego de que el juez decidiera abstenerse de seguir el juicio preliminar a los encartados en el entramado de corrupción.
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