El asesor especial de Amnistía Internacional (AI) Javier Zúñiga dijo hoy que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a la República Dominicana por la muerte de seis inmigrantes haitianos y un dominicano en 2000 "es una vergüenza para el país".
La resolución del caso, conocida ayer, declaró al Estado dominicano culpable de estas muertes, ocurridas a manos del Ejército la madrugada del 18 de junio de 2000 en la frontera con Haití, cuando los haitianos intentaban entrar de forma irregular al país vecino en un camión para buscar trabajo.
La sentencia, con fecha del 24 de octubre, indica que los jueces dieron por acreditado que "agentes dominicanos abrieron fuego indiscriminado" contra el camión durante una persecución luego de que el vehículo no se detuviera en un puesto de control.
"Con motivo del uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, el Estado violó el derecho a la vida" de los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus, y del dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo sobre el caso, conocido como "La masacre de Guayubín".
Zúñiga, en una conferencia de prensa en Santo Domingo, dijo que este fallo pone en evidencia el "fracaso" de la investigación efectuada en el país para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Consideró previsible que se produzcan críticas a esta resolución, tal, como ha ocurrido en otros países, donde se ha cuestionado el sistema interamericano por desacuerdo con otras resoluciones.
Ante esta sentencia, el Gobierno dominicano debe "acatar el fallo" y efectuar las reformas necesarias para evitar que se repitan hechos como estos, dijo el asesor, quien advirtió que la organización observará "con cuidado" el comportamiento de las autoridades dominicanas tras este fallo.
La investigadora del equipo del Caribe de AI Chiara Liguori recordó que esta es la segunda condena que la República Dominicana ha recibido de la CorteIDH en 2012, pues a principios de año se produjo otra por la desaparición forzada del periodista y profesor Narciso González Medina, "Narcisazo", ocurrida en 1994.
La nueva sentencia ordena a la República Dominicana investigar y castigar a los culpables de estos hechos y determinar el paradero de los cuerpos de los fallecidos, repatriarlos y entregarlos a sus familiares en Haití.
Además, el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso, capacitar a sus Fuerzas Armadas en el tema de no discriminación, realizar una campaña mediática sobre los derechos de los inmigrantes y adecuar su legislación en lo relacionado con el uso de la fuerza para que no se repitan hechos similares.
Los jueces también ordenan el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial para los familiares de los fallecidos y para diez personas que resultaron heridas.DE EFE
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