Las muertes de José Gregorio Custodio, en Ocoa; Richard Rafael, en Santiago; y David De los Santos, en Santo Domingo, todas bajo custodia policial, eran “perfectamente evitables”.
Las conclusiones fueron expuestas este martes a través de un informe especial realizado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
El servidor público indicó que la investigación será depositada en el transcurso del día ante la Procuraduría General.
Asimismo, Ulloa puntualizó que aunque otras indagatorias oficiales siguen en curso, la que realizaron permiten observar un “peligroso patrón de irrespeto de la vida, la dignidad y la integridad de la persona”.
El defensor calificó de “inadmisible” que desde el mismo estado emanen comportamientos como la amenaza, riesgos o violación de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Además, detalló que el factor común entre cada una de las “lastimosas pérdidas” fue “la arbitrariedad, el abuso, el incumplimiento, la inobservancia, el exceso”.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo subrayó que deplora y reprueba las acciones atribuidas a los miembros de la Policía Nacional bajo su custodia.
Del mismo modo, exigió al Consejo Superior Policial aprobar con “carácter de urgencia” un protocolo de actuación para sus miembros que incluya el “trato debido” a las personas vulnerables y las que padecen algún trastorno mental.
Públicamente solicitaron al Ministerio Público asumir “proactivamente” la supervisión y tutela de derechos de los detenidos en los recintos policiales.
Entre las solicitudes también se incluyó mejorar la efectividad de las investigaciones disciplinarias.
Denuncias De igual modo, Ulloa incitó a la población dominicana a denunciar “por todos los canales disponibles” las acciones que pongan en riesgo la vida o atenten contra la dignidad e integridad de algún detenido.
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