El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia del sistema penitenciario, Roberto Santana, reaccionó luego de la polémica desatada tras unas declaraciones que ofreciera sobre la situación de hacinamiento que se vive en la cárcel La Victoria.
La víspera, Santana había denunciado en una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela la existencia de un entramado de corrupción que funciona en el penal, donde el encargado de seguridad presuntamente recibe siete millones de pesos todas las semanas.
Retó a que lo desmientan y que lo sometan a la justicia si no es cierto que el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos semanales.
Señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas.
Ante tal declaraciones, la procuradora general de la República, Miriam Germán, respondió diciendo que el hacinamiento de la Penitenciaría La Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo ubicado en Las Parras en el municipio de Guerra.
“Tenemos que estar muy claros, y así incluso nos lo llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la materia (Roberto Santana), que esas obras (Las Parras), que se inauguraron sin estar concluidas, habían sido sobrevaluadas y, además, tenían que ser debidamente readecuadas”, indicó.
Santana entiende que el problema de las condiciones lacerantes a la dignidad y a los derechos humanos en las que viven las personas privadas de libertad en La Victoria y de las prácticas de corrupción que ahí se han llevado a cabo por décadas, es un problema de política pública al que hay que enfrentar con urgencia.
“En ese sentido, cuando comuniqué hace ya un tiempo las condiciones del nuevo centro Las Parras, indiqué la necesidad de una investigación que determinara responsabilidades y que era absolutamente necesario que se subsanaran los vicios o posibles errores constructivos que pueden ser resueltos previo a que las personas privadas de libertad fuesen trasladadas a ese centro, para garantizar su seguridad. Hoy, reitero lo mismo”, indica Santana en un comunicado.
En efecto, el Ministerio Público ha iniciado, en el marco de las acciones de lucha contra la corrupción, y conforme se ha hecho evidente para todos, las indagatorias para la determinación de responsabilidades.
Entiende que no es correcto hacer esperar por tan largo tiempo a miles de personas en esa situación inhumana, cuando desde hace muchos meses hay edificios que ya tienen las correcciones hechas y recibidas a satisfacción de manera oficial, con capacidad para albergar a más de 700 internos.
“Es evidente que ese número de plazas no es suficiente para resolver el problema de más de 9,000 personas hacinadas, pero sí para salvar a 700 y poner en marcha la solución definitiva”, indicó.
Dijo que los gobiernos con frecuencia se enfrascan en labores de las dependencias más grandes como educación, salud, obras públicas, y relegan los problemas de menor magnitud institucional, pero de mayor impacto para las vidas de una minoría abusada. No es un mal propio de esta sola gestión de gobierno, sino de la mayoría, indicó.
“Mientras tanto, nueve mil personas viven un infierno y han tenido que esperar primero por irregularidades como las que he denunciado en ocasiones anteriores y ahora por los largos plazos de la burocracia y las auditorías”, sostiene Santana.
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