Jiménez Peña aboga porque se establezca el cúmulo de penas en el Código Penal

El Procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, abogó hoy porque en la República Dominicana se establezca el cúmulo de penas y el establecimiento de un marco legal para establecer penas severas en casos de sicariato.

Sostuvo que en la modificación del Código Penal dominicano que está pendiente en el Congreso, se debe establecer el cúmulo de pena para las personas que se encuentran recluidas en un recinto carcelario que cometan o manden a cometer delitos graves.

El Procurador hizo el planteamiento ante la vinculación del empresario cibaeño Adriano Román, quien guarda prisión en la cárcel de Rafey, condenado a 20 años por el intento de asesinato que presuntamente pagó a sicarios para asesinar al abogado Jordi Veras.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que ante situaciones de hechos criminales y las acusaciones hechas al imputado Román, entiende que persona como esta no tienen que salir de las cárceles.

Por otro lado, Jiménez Peña dijo que propondrá dentro del Consejo de Seguridad, que lleva a cabo el gobierno, el desmantelamiento de supuestas compañías de detectives privados y el sometimiento a la acción de la justicia de las personas que se dedican a ese tipo de actividad.

“Yo voy a proponer en las próximas reuniones que procedamos inmediatamente a desarticular y a someter a la acción de la justicia a ese tipo de persona que se dedican a esa actividad”, adujo Jiménez Peña.

Mostró preocupación ante el hecho de que militares y policías se vean involucrados en hechos delictivos.

A su entender, debe profundizarse la profilaxis dentro de los organismos castrenses y policiales, a fin de evitar la incursión de sus miembros en hechos que atentan contra la buena moral.En torno a una supuesta grabación que el abogado Carlos Balcácer llevara a Adriano Román de parte de Francisco Carela Castro, Jiménez Peña dijo que no tiene los detalles de cómo llegó la misma y recordó que el letrado es abogado del imputado.

Dijo que pueda ser que la grabación fuera enviada a través del jurista en forma de chantaje y extorsión por parte de los sicarios que hicieron el trabajo, pero que esto no compromete la responsabilidad penal de Carlos Balcácer como profesional del derecho