El Comité Dominicano de los Derechos Humanos pidió que la reforma migratoria que prepara el Congreso de EE.UU. llegue también a Puerto Rico, donde, según esa organización, viven de forma ilegal más de 200.000 dominicanos que sufren las consecuencias de la falta de papeles.
El presidente de la sección de Puerto Rico del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo hoy a Efe que con un proyecto de ley para una reforma migratoria a debate en el Senado no se debe olvidar que en este estado libre asociado de EE.UU. también existe el problema de la inmigración ilegal.
Rodríguez encabezó este miércoles una concentración en San Juan ante las instalaciones federales de Inmigración en la isla caribeña para denunciar un problema que afecta a cerca de la mitad de los dominicanos que viven en Puerto Rico.
"Se trata de una comunidad que tiene que tomarse en cuenta", dijo el líder de la ONG, que calcula que los dominicanos que viven en Puerto Rico suman cerca de 400.000 personas y supone más del 90 por ciento de todos los extranjeros que residen en la isla caribeña.
Destacó que los dominicanos que viven de forma ilegal en Puerto Rico son acosados por las fuerzas de seguridad locales, que, dijo, actúan como agentes de Inmigración sin contar con jurisdicción para esa tarea.
"Los dominicanos en situación ilegal son un caldo de cultivo para la Policía", insistió Rodríguez, que en múltiples ocasiones ha denunciado la persecución y discriminación racial contra la comunidad de su país en Puerto Rico por parte de las fuerzas de seguridad de la isla.
A su juicio, con la regularización de los dominicanos ilegales en Puerto Rico se solucionarían las situaciones de abuso que sufre reiteradamente esa comunidad a manos de empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la indefensión de este colectivo.
Rodríguez denuncia que en muchos casos, en especial en el sector de la construcción, algunos patronos se aprovechan de la situación irregular de los dominicanos para no pagarles las cantidades a las que tienen derecho.
"Les amenazan y salen -los dominicanos indocumentados- huyendo, olvidándose de sus pagas", asegura Rodríguez, que dice conocer casos de trabajadores que han dejado de cobrar muchos miles de dólares ante el temor de que sus patronos les denunciaran a las autoridades de Inmigración.
El nuevo gobernador puertorriqueño del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, se comprometió en la campaña electoral a atender la situación de ese colectivo.
Fruto de ese compromiso, la comunidad dominicana se beneficiará del proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para que los indocumentados en la isla puedan solicitar una licencia de conducir.
En Puerto Rico hay 68.000 dominicanos con ciudadanía estadounidense, aunque de forma extraoficial se barajan cifras de una población total de entre 200.000 y 400.000 personas.DE EFE
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