Los comentarios sobre el referido reglamento son diversos y variados, marcados por la confrontación de ideas sobre la legalidad o no de la pieza gubernamental, así como de su conveniencia de aplicación desde el punto de vista de la soberanía nacional.
Un cotejo de los comentarios hechos públicos por la prensa nacional conducen a indicar que el controversial documento ha recibo más respaldo que rechazo, y en algunos casos surgen recomendaciones que se colocan en la parte neutra del debate.
Sin embargo, por su actitud un tanto radical y a veces extrema, se ha hecho más sonoro en los medios de comunicación las posiciones de aquellos grupos, sectores y personas que se han pronunciado en rechazo al reglamento de naturalización.
Esta semana cerrará con el tema dominando el debate público de la agenda nacional, y, probablemente, el país inicie los siguientes siete días enfrascado en el análisis del polémico documento.
“Paz Dominicana” aplaude reglamento
Santo Domingo, 24 jul (EFE).- La organización cristiana “Paz Dominicana” aplaudió hoy (ayer) el decreto sobre el reglamento de aplicación de la ley de naturalización y regulación de los extranjeros en el país.
"Hemos tenido una verdadera gestión de crisis con frutos exitosos, más allá de las perturbaciones habituales de los extremistas presentes en ambas naciones, se ha logrado el marco legal integral que dé al traste con toda posibilidad de violaciones a los derechos humanos en el territorio dominicano", expresaron desde la organización.
Dicha ley fue aprobada a raíz de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la obtención de la nacionalidad, que afectaba, en su mayoría, a personas de origen haitiano, y que desató encendidos debates en el país y la condena de varios gobiernos y organismos internacionales.
Max Puig: El reglamento es constitucional
El presidente del partido Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig, consideró ayer que el reglamento de regularización de extranjeros no viola la Constitución de la República y que busca una salida a la negación de derechos de muchas personas que produjo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).
En ese sentido, el sociólogo y político aclaró que lo verdaderamente inconstitucional es este fallo que restringe los derechos fundamentales a decenas de miles de personas.
Puig señaló que si fuese por los sectores más conservadores del país no se les reconocería sus derechos a todas estas personas, en un claro atentado contra los derechos humanos.
ADOCCO: Reglamento no es contrario a la ley
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), respaldó hoy (ayer) el reglamento de aplicación de la Ley 169-14 emitido por el Poder Ejecutivo, y señaló que en "modo alguno contraviene la legislación" en la materia y menos la Constitución de la República Dominicana.
A juicio de la entidad de la sociedad civil, la aplicación de la Ley y el reglamento, vienen a "solucionar" un "problema humanitario", ya que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio dominicano y que no figuran inscritas en el Registro Civil.
FJT: Convierte país en zona franca migratoria
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó hoy (ayer) que el decreto para la aplicación de la Ley sobre naturalización, convierte al país "en una especie de zona franca migratoria" en la que cualquier persona puede "con suma facilidad" acreditar su nacimiento y en plazo mínimo de dos años obtener su nacionalidad "sin mayores contratiempos".
Además, afirmó, que todos los gastos en que se incurran estarán a cargo del Estado dominicano.
Ya antes se había pronunciado la Fuerza Nacional Progresista, cuya posición radicalmente opuesta, es conocida públicamente, mientras que el Centro Bonó fijó posición total y absolutamente contraria, favoreciendo y elogiando el proceso de naturalización.
Castillo Pantaleón cree haitianos serían mayoría en RD
Juan Miguel Castillo Pantaleón reiteró que el Gobierno “ha puesto un huevo” al firmar el decreto 250-14 que crea el Reglamento de aplicación a la ley 169-14, sobre Naturalización porque viola la Constitución de la República y “convertirá en minoría a la población dominicana”.
Pantaleón asegura se han violado artículos de la Carta Magna que “traerán graves consecuencias al país”.
Advierte que “esa población que hoy se registra es la que determinará quiénes serán las autoridades elegidas electoralmente en menos de 15 años”.
La población tiene que darse cuenta que estos extranjeros a “quienes se va a dominicanizar al vapor y cuyo regalo de nacionalidad está en manos de un partido político en el poder, que al margen de la Junta Central Electoral, es quien va a concederlo en un país donde las elecciones se deciden por menos de cien mil votos desde hace varios torneos, esa población determinará quiénes serán las autoridades elegidas”.
Agregó que “será esa que cuando cruza la frontera no deja ni su cultura ni su civilización atrás, sin control natal, que se va a reproducir aquí con la misma velocidad que se reproduce la población hatiana allá, (Haití) y en cinco lustros, los dominicanos llegaremos a ser minoría en nuestro propio territorio”.
Explicó que “eso pasa en todas las partes del mundo donde las políticas irresponsables y la falta de conciencia de los liderazgos no ven hacia el futuro en un país subdesarrollado, donde tampoco las élites ven más allá de sus conveniencias”, poniendo como ejemplo a Ucrania.
Entrevistado en Acción Matinal, Miguel Castillo Pantaleón fue enfático al afirmar que “hay una voluntad política dispuesta a complacer esa presión internacional que quiere que República Dominicana cargue con el problema haitiano.
“Tenemos una debilidad en nuestra clase política, decimos una cosa, pero cuando llegan los representantes internacionales como el presidente de la Unión Europea, hacemos otra, es evidente que se ha puesto un huevo”.
“Aquí se está debatiendo el futuro del país” -dice Pantaleón- pero la población no está alerta de las graves implicaciones que traerá al país, el decreto firmado por el Poder Ejecutivo.
En ese orden, informa que el presidente de la República viola la Constitución, articulo 4, referente al Principio de Separación de los Poderes: “no puede invadir las funciones propias de otros poderes constitucionales.
Por lo tanto, agrega Castillo Pantaleón, el presidente, no puede hacer cosas que la Constitución establece son competencia de la Junta Central Electoral porque la Carta Magna se lo prohíbe”.
Citó el artículo 6 que dice que todo aquello que contravenga la Constitución, es nulo; el art. 270: establece que hay ciertas materias entre ellas la de Nacionalidad y Extranjería, que para ser modificado tiene que ser objeto de una reforma constitucional previa, y ésta a su vez, sometida a un referéndum.
¿Qué es lo que pretende este decreto?, reglamentar la aplicación de una ley especial 169-14, que se ha dictado para resolver un problema con relación a aquellos extranjeros nacidos en República Dominicana, de padres en tránsito en suelo dominicano y que de acuerdo al art. 8 de la Constitución son dominicanos.
“Y ese reglamento trata sobre la aplicación de la citada ley que dice que en relación con los que estaban mal inscrito, estas personas como han desarrollado una vida con expectativa y tema de sensibilidad humana debía de dársele el privilegio de la nacionalidad por la vía de la naturalización”.
Reiteró que el Reglamento viola la Constitución y va más allá, porque permite que una persona sin que se constate su seriedad, pueda por un simple acto administrativo relativo a la identidad, decir que ha nacido en República Dominicana, sin identidad de los padres y pueda acreditar ese hecho”.
Afirma que ese decreto es la falsificación o la fabricación de identidades.
Al tratar de explicar el problema que se plantea, añade que “cuando usted va a un oficial de Estado Civil lleva el documento del declarante de la madre y del padre debe presentar su documento de identidad, pero este “reglamento lo que dice es que una persona va ante un notario le dice que nació en año tal y que se llama “José Pérez, y soy hijo de Josefa Pérez” queda regularizado sin investigar, y además queda nacionalizado, eso es lo que dice el decreto”.
Dijo que alertó al Poder Ejecutivo de las violaciones legales que el decreto tiene para que fuera corregido, pero no “lo corrigieron y salió igualito”.
De acuerdo al jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón ese decreto tiene “una trampa mortal: el punto fundamental, certero con el cual se ha pretendido hacer una fusión por absorción de la isla con la población haitiana, abrir un proceso de “registro para posterior naturalización de gente que no tiene ningún documento, esta gente asentada tendría derecho a la nacionalidad dominicana porque no tiene derecho a otra”.
Deploró que mediante el decreto se le requiera menos requisitos para hacerse dominicano, que para regularizarse, y que es una barbaridad”.FUENTE NUEVO DIARIO
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