SANTO DOMINGO. El Ministerio Público presentó formal acusación por ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez, en contra de dos fiscales, el extitular de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DICAN), coronel retirado Carlos Fernández Valerio, y otras nueve personas acusadas de sustraer un alijo de 930 kilos de cocaína incautados para presuntamente comercializarlo.
El procurador general de la Corte de Apelación, Jeremías Nova Fabián, solicitó a la magistrada dictar apertura a juicio en contra de los imputados, con el propósito de que allí se decida la pena que será impuesta a cada uno.
La acusación fue formulada en contra de los procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro, el excoronel Fernández Valerio, el exteniente coronel Félix Humberto Paulino López, el exmayor Luciano Gómez Cabrera, el exprimer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el exsargento Pedro José Almánzar González, el excabo Agapito Muñoz Evangelista, el exsargento Antolín de los Santos Zabala, la ex raso Raydiris Lironely García Miranda y los civiles Cecilia Castillo Durán y Miguel Ogando Ogando.
El Ministerio Público formalizó cargos como presuntos autores de patrocinio, tráfico y posesión ilícita de drogas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y asociación de malhechores.
En la lectura de la acusación, sostuvo que probará más allá de toda duda razonable que los fiscales imputados cargaron parte de la droga que fue sustraída (tumbada) en la calla allanada en la calle 8 No.78 del residencial Michel, en el ensanche Isabelita.
También que los imputados entregaron de manera voluntaria bienes muebles e inmuebles que poseían.
Ratifica que poseían altas sumas de dinero en efectivo, obtenidos como fruto de la parte que le tocó en el robo o tumbe de la droga ocupada.
Indica que probará que el coronel retirado Fernández Valerio mintió con el objetivo de preparar una coartada, cuando afirmó que envió bajo arresto a Paulino López al Departamento de Asuntos Internos de la Policía, "cuando en realidad Paulino López se encontraba en esa fecha fuera del país".
Detalla que el imputado Bárbaro Torres supuestamente recibió 60 kilos de cocaína alegadamente de manos de Paulino López, "droga que posteriormente le fue quitada (tumbada) por otro oficial llamado Japa, por orden de Pulino López".
Agrega que después de ese alegado "tumbe" y realización de la repartición de la droga y el dinero, Torres Beltrán se dirigió a donde Fernández Valerio para supuestamente reclamarle su aporte, recibiendo como respuesta que era su amigo y que no se preocupara que no lo dejaría sin lo suyo.
Agrega que dos días después, el imputado se comunicó con el oficial, y recibió la suma de RD$500,000 de manos de Paulino López.
Sostiene que probará la entrega voluntaria de bienes y valores alegadamente obtenidos fruto del "tumbe" de la droga, hecha por los imputados Santos Zabala y García Miranda.
El acusador insiste que la imputada Cecilia Castillo Durán, concubina del ex jefe de Operaciones de la DICAN, Félix Humberto Paulino López, presuntamente saldó una deuda con un dealer con una parte del dinero que le tocó al oficial del "tumbe" de la droga.
Mientras que Miguel Ogando Ogando, primo del fiscal Díaz Ogando, figura como apoderado o arrendatario de un alquiler de una caja de seguridad, donde el funcionario tenía depositado títulos de propiedad y otros documentos que supuestamente lo involucran en la acción delictiva.
El procurador general de la Corte de Apelación, Jeremías Nova Fabián, solicitó a la magistrada dictar apertura a juicio en contra de los imputados, con el propósito de que allí se decida la pena que será impuesta a cada uno.
La acusación fue formulada en contra de los procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro, el excoronel Fernández Valerio, el exteniente coronel Félix Humberto Paulino López, el exmayor Luciano Gómez Cabrera, el exprimer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el exsargento Pedro José Almánzar González, el excabo Agapito Muñoz Evangelista, el exsargento Antolín de los Santos Zabala, la ex raso Raydiris Lironely García Miranda y los civiles Cecilia Castillo Durán y Miguel Ogando Ogando.
El Ministerio Público formalizó cargos como presuntos autores de patrocinio, tráfico y posesión ilícita de drogas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y asociación de malhechores.
En la lectura de la acusación, sostuvo que probará más allá de toda duda razonable que los fiscales imputados cargaron parte de la droga que fue sustraída (tumbada) en la calla allanada en la calle 8 No.78 del residencial Michel, en el ensanche Isabelita.
También que los imputados entregaron de manera voluntaria bienes muebles e inmuebles que poseían.
Ratifica que poseían altas sumas de dinero en efectivo, obtenidos como fruto de la parte que le tocó en el robo o tumbe de la droga ocupada.
Indica que probará que el coronel retirado Fernández Valerio mintió con el objetivo de preparar una coartada, cuando afirmó que envió bajo arresto a Paulino López al Departamento de Asuntos Internos de la Policía, "cuando en realidad Paulino López se encontraba en esa fecha fuera del país".
Detalla que el imputado Bárbaro Torres supuestamente recibió 60 kilos de cocaína alegadamente de manos de Paulino López, "droga que posteriormente le fue quitada (tumbada) por otro oficial llamado Japa, por orden de Pulino López".
Agrega que después de ese alegado "tumbe" y realización de la repartición de la droga y el dinero, Torres Beltrán se dirigió a donde Fernández Valerio para supuestamente reclamarle su aporte, recibiendo como respuesta que era su amigo y que no se preocupara que no lo dejaría sin lo suyo.
Agrega que dos días después, el imputado se comunicó con el oficial, y recibió la suma de RD$500,000 de manos de Paulino López.
Sostiene que probará la entrega voluntaria de bienes y valores alegadamente obtenidos fruto del "tumbe" de la droga, hecha por los imputados Santos Zabala y García Miranda.
El acusador insiste que la imputada Cecilia Castillo Durán, concubina del ex jefe de Operaciones de la DICAN, Félix Humberto Paulino López, presuntamente saldó una deuda con un dealer con una parte del dinero que le tocó al oficial del "tumbe" de la droga.
Mientras que Miguel Ogando Ogando, primo del fiscal Díaz Ogando, figura como apoderado o arrendatario de un alquiler de una caja de seguridad, donde el funcionario tenía depositado títulos de propiedad y otros documentos que supuestamente lo involucran en la acción delictiva.
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