FJT exige a Obras Públicas que intervenga operaciones de la carretera SD-Samaná

SANTO DOMINGO.- La carretera Santo Domingo-Samaná le costaría al Estado más de 2 mil millones de dólares en los 30 años que sería administrada por la empresa consesionaria Autopistas del Nordeste, reveló este jueves Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).

Asimismo, exigió al Ministerio de Obras Públicas que intervenga las operaciones del peaje de la citada vía y demande la nulidad del contrato y la restitución del dinero cobrado “ilegalmente” por la consesionaria.

Dijo que “se trata de la estafa del siglo. Ese es un contrato que ni las matemáticas más generosos pudieran explicar, lleno de cláusulas leoninas y lesivas al interés de la República Dominicana”.

Agregó que, “con apenas 5 años de operación, esa carretera ya le ha costado al pueblo dominicano 2 mil 272.1 millones de pesos en el 2014, mil 339.2 millones en el 2013, mil 838.2 millones en el 2012 y 2 mil 500 millones para el 2015, lo que totaliza 7 mil 949.5 millones de pesos, cantidad que hoy supera con creces el gasto total de la construcción de esa autopista”.

“Lo más perturbador del referido contrato es el denominado peaje sombra; o sea, subsidiar la carretera por su bajo tránsito vehicular, con el objeto de garantizar la rentabilidad de las metas financieras proyectadas por la empresa concesionaria (Autopista del Nordeste), proyecciones a todas luces desproporcionadas y dolosas”, afirmó en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Conforme la denuncia, desde su inauguración, hace cinco años, de la susodicha carretera, el Estado ha pagado casi 8 mil millones de pesos a Autopista del Nordeste, de capital colombiano.

“A todo eso hay que sumarle lo que recauda la referida empresa de manera ordinaria por concepto de las operaciones diarias del peaje que, sumado al peaje sombra por los 30 años que estipula el contrato, lo llevarían a superar en beneficios los 2 mil millones de dólares, todo sin control, con precios abusivos establecidos a discrecionalidad de los administradores y sin el mantenimiento y las condiciones adecuadas para el transito seguro de los usuarios”, afirmó.