El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra el Plan de Regularización por falta de competencia y porque no cumple con reglas mínimas de claridad, certeza, especificidad y pertinencia
La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía representada por la Fundación Soberanía, impugnó los artículos 3, 32 y 37 del decreto 327-13, que instruyó el Plan Nacional de regularización de Extranjeros Ilegales.
La norma atacada es referente al tiempo en que se estaría ejecutando el Plan de regularización, así como de las condiciones de salud física y mental de los extranjeros que se acogerían al plan, por entender que son contrarias a la Ley General de Migración, a la Ley que aprueba el Modus Operandi con la República de Haití y al Decreto 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
El Constitucional determinó que en este aspecto la acción es inadmisible, ya que la contrariedad invocada por la accionante es con relación a normas con rango de ley, cuyo examen escapa al control del Tribunal a través de la acción directa de inconstitucionalidad.
Y que la jurisdicción competente para conocer el recurso es el Contencioso-administrativo.
Además porque las contrariedades que denuncia, de que la disposición es contraria a la Constitución, las mismas no cumplen con las formalidades mínimas de claridad, certeza, especificidad y pertinencia que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia constitucional a los escritos contentivos de estas imputaciones para que puedan ser valorarlas.
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