Diez millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentarse los primeros lunes de cada mes a los tribunales, fue el castigo que recibió el joven Karim Abud, acusado de estafa por la compañía Rosso-Mir LTD.
La medida le fue impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente (OJSAP) del juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas.
El magistrado cuestionó cómo es que en una transacción que envuelve US$1.5 millones por la compra de un Ferrari, no exista ningún documento. Tanto el comprador como el vendedor afirman que en principio Abud entregó US$450 mil, sin embargo la compañía lo acusa de haber alterado documentos para sacar el vehículo de Aduanas.
Los abogados de la defensa y los familiares de Abud encontraron justa la medida.
Los familiares de Abud culparon a medios de comunicación de quienes aseguran que han sido injustos.
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