Santo Domingo
El departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la Republica, fue apoderado hoy de una querella presentada por dos empresarios canadienses de una querella disciplinaria en contra del fiscal adjunto Julio César García Morfe, de Puerto Plata, a quien le atribuyen la comisión de faltas muy graves en el desempeño de sus funciones.
La querella en contra del fiscal fue presentada por los empresarios Michael DeGroote Degroote, conocidos como uno de los 100 hombres más ricos de Canadá, y Andrew M. Pajak, a través de sus abogados Julio Cury, Alfredo Lachapel y Francisco Fernández Almonte.
En esa instancia se alega que el fiscal violó derechos fundamentales de los empresarios y también los principios de legalidad, objetividad y razonabilidad cuyo cumplimiento le impone la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que habría tramitado en su contra una orden de arresto “con lastimera imprudencia” y sin haber realizado una sola diligencia procesal.
Sostienen en la querella que el fiscal procesó la orden sin aportar ningún dato que comprometiese su responsabilidad penal en ningún hecho, “Es un hecho insólito que revive los temores del viejo sistema inquisitorio”.
Acusaron a García Morfe de no haber conducido ninguna investigación como le ordena la ley, y de qe sin disponer de indicios “mínimamente objetivables”, se prestó de forma “parcializada y sospechosa” a solicitar una medida “desproporcionada e irracional” que atentaba contra la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal que prevé el artículo 40.1 de la Constitución.
La orden de arresto fue anulada ayer por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata luego de conocer una acción de habeas corpus preventiva presentada por a requerimiento de los empresarios. En la sentencia se consigna que el fiscal sometido orientó su actuación “sin cobertura normativa ni elementos fácticos justificativos”.
Los abogados dijeron que el modo ilegal de actuar del fiscal tendrá consecuencias en el plano de la responsabilidad disciplinaria. “Esa modalidad procesal de inspiración inquisitorial debe y tiene que sancionarse”, expuso Cury. Puntualizó que los “instrumentos punitivos”
no pueden dar lugar a abusos como los que habría cometido García Morfe, y que la única manera de evitar que continúen repitiéndose es apelando a las vías disciplinarias que la ley contempla.
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