Estructura estatal Duplicidad estatal favorece dispendio de fondos públicos. El Estado mantiene decenas de instituciones inoperantes que entorpecen solución a males estructurales del país -

El Estado dominicano está compuesto por veintidós ministerios, cuya misión es diseñar y ejecutar las distintas políticas públicas, pero en las últimas décadas los gobiernos de turno han creado decenas de apéndices que han terminado chocando con las funciones del órgano rector, y de paso, engullendo parte del Presupuesto de la nación sin tocar el fondo de los principales problemas del país.

Pese a que la Ley de Administración Pública (247-12) ordena, entre otras cosas, la revisión de toda la estructura del Estado para erradicar la duplicidad de funciones que prevalece en varias instituciones públicas, a fin de mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, sus disposiciones han sido ignoradas por el actual Gobierno.

Esta situación ha motivado a que en las últimas semanas organizaciones de la sociedad civil se hayan lanzado a las calles para exigir, puntualmente, la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por alegados actos de corrupción que salieron a la luz tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez, así como por usurpar las funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Aunque la institución, adscrita al Poder Ejecutivo, nació con la finalidad de supervisar la construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado, la misma ha terminado asumiendo parte de las funciones del Ministerio, ejecutando la construcción del 40% de las obras escolares consignadas en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, así como una gran cantidad de hospitales.

Y por si fuera poco, en el proyecto de Ley General del Presupuesto del 2016 está consignado que la entidad disponga de RD$5,000 millones adicionales para la modificación de las infraestructuras hospitalarias, que en una primera etapa abarca la modernización de la Red de Hospitales Públicos.

Una promesa de campaña
Dirigentes de la Coalición Poder Ciudadano han expresado que esto violenta el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, firmado por el presidente Danilo Medina durante la pasada campaña electoral.

Allí se comprometió “auspiciar la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.

Según el primer informe de seguimiento y monitoreo al referido Protocolo, elaborado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, hasta marzo de 2013, Medina había eliminado varias estructuras orgánicas como el Consejo Nacional de la Reforma del Estado (Conare), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, la Oficina de Consultoría de Cooperación en Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible.

También fueron suprimidas la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas, la Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible. En tanto, se fusionó el Centro de Información Gubernamental (CIG) con la Dirección General de Comunicación (Dicom), así como los programas Progresando y Solidaridad que manejaba el Despacho de la Primera Dama y que pasaron a la Vicepresidencia de la República.

No ha sido suficiente
Sin embargo, para Participación Ciudadana la disminución de estas estructuras no es significativa, dado su impacto de desempeño y las pronunciadas duplicidades existentes.

Por ejemplo, citan en el área de regulación del transporte público, la existencia de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet); la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT) y la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) adscrita al Ministerio de Obras Públicas; en el área social o de bienestar social (Procomunidad, la Dirección de Desarrollo Provincial, Comunidad Digna, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Programa Solidaridad, Savica, entre otras).

A las instituciones mencionadas por Participación Ciudadana para regular distintos ámbitos del tránsito y la movilidad en el Gran Santo Domingo, se suman el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos y el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), las cuales gravitan sin un plan conjunto para incidir en la solución del grave problema.

Además, identifica duplicidad en el Ministerio de la Presidencia y Ministerio Administrativo de la Presidencia; entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Creación de más dependencias
En el informe elaborado por PC, también se llama la atención sobre la creación de una serie programas, comisiones e instancias que podrían estar originando nuevas duplicidades, entre las que cita la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar, incremento de las PYMES y más viceministerios de PYME. También Banca Solidaria, Banco de los Pobres, Banco de la Mujer, Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad y los Programas Quisqueya sin Miseria, Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza Contigo, Quisqueya Somos Todos.
Sobre este último aspecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Administración Pública establece claramente que no se pueden crear nuevos órganos que supongan duplicación de otros existentes si al mismo tiempo no se suprimen los órganos preexistentes y se les restringen debidamente sus competencias y funciones. l

“No existe voluntad para reestructurar el Estado”

El coordinador del Área de Transparencia de PC, Carlos Pimentel, dijo ayer que no existe voluntad política para reestructurar el Estado y eliminar las instituciones con funciones iguales, difusas, o que ya cumplieron su periodo de ejecución. Estimó que estas entidades inoperantes representan una carga en la nómina pública de alrededor dos mil empleados, además de sus gastos administrativos y financieros. Dijo que será muy difícil avanzar en la aplicación de la Ley 247-12, en un proceso electoral con un Presidente candidato, “que no va a tomar medidas que impliquen la eliminación de instituciones, porque esa es su plataforma clientelar, con ese Estado supernumerario es que él está negociando”.

Duplicidad se evidencia en el sector eléctrico

En el sector eléctrico converge un conglomerado de instituciones que inciden de manera sectorial en el servicio:

La Comisión Nacional de Energía; la Superintendencia de Electricidad y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que agrupa las compañías de generación, transmisión y distribución del Gobierno y otros programas oficiales. A estas se suma el Ministerio de Energía y Minas, para formular la política energética del país.FUENTE EL CARIBE

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