La Procuraduría General de la República informó que después de finalizada la etapa pericial sobre la construcción del recinto penitenciario Las Parras, en Guerra, “el Ministerio Público ha tenido que dedicar tiempo a temas contractuales vinculados a empresas y personas acusadas o investigadas, pero que sus contratos no están con estatus de cierre.”
El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos acotó que el denominado “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario” pasó a formar parte de un expediente derivado de una de las operaciones contra la delincuencia y la criminalidad puestas en marcha por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se refirió al presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la operación Medusa, cuyo principal implicado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, en cuya gestión fue puesto en marcha el “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”. Alain Rodríguez guarda prisión domiciliaria.
“Todos sabemos que ese proceso de investigación derivó en acciones que imposibilitaban la terminación de la obra, con cuestiones tan lógicas como, por ejemplo, la tan necesaria auditoría de la Cámara de Cuentas.”, precisó el procurador adjunto, responsable de asuntos relativos al caso Medusa, en respuesta a un reportaje de Listín Diario que mostró el abandono del centro Las Parras.
Transferencia
Espiñeira Ceballos dijo que la construcción de las edificaciones de los centros penitenciarios fue transferida por el Gobierno Central al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, aunque todavía esos recintos están bajo la custodia del Ministerio Público.
“Confiamos en que el cronograma del proyecto, que incluye la terminación de los centros penitenciarios y la selección y capacitación de los agentes especializados para administrar y garantizar la seguridad y custodia de los privados de libertad, estará finalizado antes de concluir el presente año.”, adelantó el representante del ministerio público.
Espiñeira Ceballos recordó que el 7 de mayo de 2021, en una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, la procuradora general, Miriam Germán Brito, le transmitió su criterio de que era conveniente que los proyectos de construcción de recintos penitenciarios fueran transferidos al Ministerio de Obras Públicas para fines de su terminación.
“La magistrada establecía en la comunicación de referencia un criterio que mantiene, que ni la misión ni la naturaleza institucional del Ministerio Público se relacionan con la gerencia de obras de ingeniería”, señaló.
Agregó que el Gobierno Central entendió su punto de vista y dispuso que el organismo responsable de las construcciones de los recintos penitenciarios fuera el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Sostuvo que el Ministerio Público reconoce la importancia de que el país pueda disponer de mayores espacios para brindar mayor dignidad a su población carcelaria, pero apuntó que traspasar la ejecución de una obra requiere de trámites que incluyen aspectos de carácter legal.
Dijo que todavía la Procuraduría General de la República mantiene la custodia de esos centros y brinda, con la mayor disposición, el acompañamiento necesario para rediseñar construcciones que requerirán modificación, por temas de seguridad, vulnerabilidad en materia ambiental y para facilitar una mayor organización en materia penitenciaría.
Informó que desde hace varios meses, han estado trabajando en un proyecto conjunto con otras instituciones del Estado y que entienden que el Poder Ejecutivo ha dispuesto acciones concretas para terminar los centros pendientes, en vista de que reconoce que se necesitan y deben ser abordados como una prioridad.
“Incluso, el Gobierno Central nos ha manifestado siempre su compromiso de aportar los recursos necesarios para la terminación de los proyectos y el posible emprendimiento de otros necesarios.”, enfatizó Espiñeira Ceballos.
Reclaman apertura
El lunes, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) exhortaron a las autoridades a que comiencen a operar el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en Guerra, paralizado hace casi tres años mientras los presos están hacinados en otros recintos.
Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de Finjus, y Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, consideran que no es posible que el recinto tenga casi tres años paralizado, mientras que el sistema penitenciario se encuentra abarrotado de privados de libertad, luego de haberse hecho una inversión millonaria.
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