Wilson Gómez dijo que ese proyecto busca socavar la soberanía nacional.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, rechazó este miércoles el proyecto de ley sobre protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de inmigrantes que cursa en el Congreso Nacional, por considerar que es “contrario al supremo interés de la nación dominicana”.
Calificó ese proyecto de “injerencista y de manufactura de intereses foráneos” y solo busca socavar la soberanía nacional, inobservando el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados.
Pidió a los diputados y a los senadores rechazarlo.
El dirigente de la sociedad civil manifestó que esa pieza legislativa introducida por el Poder Ejecutivo es perjudicial a la ciudadanía, sobre la cual pone todo el peso del financiamiento de las personas a proteger.
Expresó que esa pieza legislativa, de la cual está apoderado el Senado de la República, entraña un serio atentado contra la integridad territorial de República Dominicana.
Además, que constituye “un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo en su territorio de personas, principalmente de nacionalidad haitiana”.
“Todo esto alcanza mayores ribetes de gravedad, en momentos en los cuales se cierne una incontrovertible amenaza contra nuestro país, determinada por la gravísima crisis que vive Haití y la inexplicable indiferencia que ante la problemática ha asumido la comunidad internacional”, siguió diciendo.
Contenido del proyecto
El proyecto en cuestión establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes, conforme a los presupuestos establecidos en esa legislación.
Los aportes, especificados en el artículo 34 de del proyecto, deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.
De acuerdo a ese texto, la persona jurídica o entidad con ingresos de cero pesos hasta un millón de pesos, aportarán 150 pesos, mientras que quienes tengan ingresos de un millón de pesos hasta ocho millones de pesos, aportarán 450 pesos.
Aquellas con ingresos de ocho millones un peso hasta 20 millones de pesos aportarán 1,500 pesos; las que tengan ingresos de 20 millones un peso hasta 50 millones de pesos aportarán 9,000 pesos.
Asimismo, las que tengan ingresos de 50 millones un peso hasta 100 millones de pesos aportarán 27 mil pesos, y las que tengan ingresos superiores a 100 millones un peso aportarán 78 mil pesos.
Esos serán indexados anualmente, conforme el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central, o lo que es lo mismo, los niveles de inflación.
Pago obligatorio
El proyecto legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda la persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.
Además, que dicha contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 287 del Código Tributario.
A comisión
La Comisión de Interior y Policía del Senado se reunirá hoy para discutir el cuestionado proyecto, informó esta mañana el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en ese hemiciclo, Aris Yván Lorenzo, quien se referirá a esa iniciativa en su momento.
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