El 1% a depósitos trae incertidumbre a banca LA ASOCIACIÓN DE BANCOS SOSTIENE QUE ES ILEGAL Y QUE NO PUEDE APLICARSE

Santo Domingo

La atención del sistema financiero dominicano está centrada en lo que sucederá hoy en el Tribunal Superior Administrativo en torno a la norma 13-2011, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que ordena retener el 1% de los intereses devengados por los depósitos de las empresas en los bancos.

La preocupación es generalizada y desde muy temprano se tocan las teclas de la incertidumbre por lo que implica la decisión de la DGII en términos operativos para el sistema financiero dominicano.

Ayer, el tribunal que preside la magistrada Sarah Henríquez aplazó para hoy su decisión de suspender o no la norma, pautada para entrar en vigencia mañana 1.8 de octubre, que ha sido rechazada por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito.

La ABA y las demás asociaciones bancarias y financieras elevaron un recurso cautelar ante el tribunal en busca de que la norma sea suspendida, pues entienden que esta, además de ser ilegal, implica un trauma en el manejo de las operaciones cotidianas de más de 22 mil cuentas.

De acuerdo con consultas hechas por LISTÍN DIARIO entre expertos legales, la no suspensión de la norma no solo llevaría a las entidades de intermediación financiera a violar la Ley Monetaria y Financiera, en lo que respecta al secreto bancario, sino que crearía un caos operativo dentro de la plataforma de administración de cuentas de los bancos y otras instituciones del sector.

Un extracto del recurso de amparo incoado por el sector financiero ante la medida de la DGII establece que si la norma no es suspendida este viernes, las entidades financieras quedarían en falta, debido al poco tiempo para diseñar un parámetro que permita retener el 1% de los intereses automáticamente.

Tampoco estaría vigente un módulo para la retención de las cancelaciones anticipadas, que implica acreditar los intereses corrientes devengados, desde la última fecha de pago realizada, lo cual afectaría, además, el cálculo de penalidad.

Asimismo, las instituciones financieras tendrían que establecer el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) como parámetro para realizar las retenciones, ya que la clasificación de sociedades o empresas no está determinada por el producto financiero que tengan.

También, según la ABA, sería necesario generar el Número de Comprobante Fiscal (NCF) a todos los clientes que tributen, así como de la emisión de los reportes de control de las aplicaciones y generación de históricos para las pistas de auditoría.

El documento jurídico sostiene que, además de todas las adecuaciones contables que se deben hacer, los bancos tendrían que crear las facilidades que permitan a las oficinas imprimir, sin alterar los datos, las certificaciones de retenciones realizadas.

Dentro del sistema financiero local hay entidades extranjeras que poseen y operan en base a sistemas internacionales y ameritan hacer adecuaciones. incertidumbre

La norma que emitió la DGII, la 13-2011, ha generado incertidumbre dentro del sistema finaciero por las implicaciones que tiene en términos operativos y por que no fue socializada.

DIEZ RAZONES
En un comunicado de ayer la ABA dio a conocer diez razones por las que entiende que la norma de la DGII es ilegal, entre las que citó el hecho de que la misma obliga a las entidades financieras a violar el derecho fundamental a la intimidad de sus clientes y a quebrantar el secreto bancario establecido por la Ley Monetaria y Financiera, al conminarlas a entregar información en violación a la Constitución y a la misma legislación que rige el sistema financiero. La norma ha sido objetada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Esta última solicitó a Impuestos Internos derogar la norma que pretende obligar a las instituciones bancarias y financieras a retener el 1% de los intereses que devengan las empresas por sus depósitos. Lamentó que, además de ser una decisión que contradice la ley, la norma fuera adoptada sin haberla publicado.