Tribunal para temporalmente norma enfrenta bancos y DGII

La jueza Sara Henríquez Marín, presidenta del Tribunal Contencioso, Administrativo Tributario, dispuso este viernes dejar sin efecto la aplicación de la norma 13-2011 de la DGII, hasta que se conozca el 7 de octubre el fondo del recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales.

La disposición de la DGII ordena a las entidades financieras retener un 1% de los intereses que pagan a las personas jurídicas por los intereses de los depósitos e inversiones de intermediación financiera.

En la audiencia de este viernes, el debate entre las partes fue más intenso que el pasado jueves. Se centró en gran medida en torno a si la disposición de Impuestos Internos provocará un daño irreversible o no a los bancos.

“No es cierto que la Norma 13-2011 haya sido un palo acechao para los bancos, porque antes de darla a conocer, se sostuvieron reuniones con ese sector y se ofrecieron detalles verbales”, dijo el abogado de la DGII, Jesús Franco.

“Pero la institución no ha dicho a quién va a retener y tampoco publicó en ningún medio con anterioridad que aplicaría esa norma. Supongo que la defensa no presentará como prueba conversaciones verbales”, dijo, de otro lado, Manuel Valerio, de la barra de la ABA.

Su colega, el abogado Eduardo Jorge Prats, reiteró que las entidades de intermediación financiera se exponen a un procedimiento sancionador por parte de la autoridad financiera y monetaria

Los abogados de la banca expresaron que habría que ver cuántos impuestos generará esa norma para el Estado, porque “aunque es importante que el Estado tenga más ingresos para atender las necesidades de la población, esos impuestos no deben surgir de la ilegalidad”.

El abogado Eduardo Jorge Prats sostuvo que el negocio de los bancos se basa en la confianza. “Por tanto, la Norma 13-2011 lo que hará es llevar los bancos a la ilegalidad, al violar el código genético de esta, que es el secreto bancario”, dijo.

Desde su óptica la DGII busca hacer una “redada fiscal” en contra del Código Tributario Dominicano. “Y desde el punto de vista económico esa norma produciría la corrida masiva de los depósitos de las personas jurídicas”, apuntó Jorge Prats, defendiendo a “rajatablas” sus planteamientos, frente a la barra representante de la DGII.