Las carretas ya no podrán ser tiradas por los caballos

SECTORES RECHAZAN QUE LA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL NO CONTEMPLE UNA SOLUCIÓN HUMANA

Los caballos son sometidos a cargas excesivas y roce de sogas de arreo que les generan laceraciones e infecciones en todo el cuerpo.                                                                                                                                                                 Santo Domingo

La ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, que prohíbe el uso de animales para el arrastre de carretas u otros vehículos empleados en la venta de productos comestibles, es sin duda una gran conquista de la sociedad dominicana, pues ofrece amparo a seres vivientes víctimas de la crueldad humana, pero comerciantes y  sectores sociales cuestionan que la pieza no contemple soluciones para más de 1,500 familias que dependen de los caballos carreteros.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Productos Agropecuarios del Mercado Nuevo (Los Caballitos), Gabriel Pimentel, señaló que en 2007 fue creado un proyecto de organización, capacitación y capitalización de los miembros de la asociación para sustituir las carretas por camionetas.

El proyecto fue formulado con la asesoría de Aníbal Frank Fernández, actual encargado de Formulación de Proyectos del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, e integraba al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Misión Taiwán y Ministerio de Interior y Policía, así como la Dirección General de Tránsito Terrestre, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública.

Pimentel explicó que la iniciativa buscaba el financiamiento de las camionetas a través de Promipyme en un plazo de pago de cuatro años con cuotas diarias de RD$200, es decir un total de RD$192,000 por vehículo, que serían cobradas por el ayuntamiento, que además serviría de garante.

 El proyecto se quedó en la etapa de organización gremial, con la solicitud de certificación de la asociación al Ministerio de Industria y Comercio en junio de 2007, y de capacitación, en una jornada de seis meses que incluyó cursos de gestión administrativa, relaciones humanas, controles internos y servicio al cliente con la coordinación de Promipyme y Misión Taiwán. Sin embargo, el financiamiento de los vehículos no fue concretado porque según explicó Fernández, se determinó que las más de 300 carretas no pertenecían a los vendedores sino que estaban concentradas en manos de unos pocos microempresarios que las alquilan por día.

El director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, José Miguel Carrión, dijo que ese organismo no tiene la responsabilidad de intervenir en el financiamiento de las camionetas porque es de conocimiento de todos que el uso de caballos para la carga es una práctica inadecuada.

 El ejecutivo citó que durante la administración del síndico Johnny Ventura el ayuntamiento fungió como garante en la compra de guaguas que fueron entregadas a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), asumiendo una deuda de  casi RD$1,000 millones que tuvo que pagar, y sostuvo que el cabildo no está dispuesto a asumir ese riesgo una vez más.

Controversia
Carrión precisó que antes de que se aprobara la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable el ayuntamiento trató de eliminar el uso de caballos para carga, pero no pudo continuar porque no contaba con un instrumento legal que le permitiera tomar medidas, sino que se realizaban jornadas de supervisión e incautación de caballos maltratados a través de la Dirección de Defensoría y Uso del Espacio Público.

Algunos carreteros o “caballitos”, como se llaman entre ellos, coinciden en que esa entidad les incauta los caballos, las carretas y la mercancía, e incluso han denunciado actitudes violentas de los agentes ante la resistencia de los comerciantes al despojo de las viandas para la venta.

“Imagínese que uno pida un préstamo diario para surtirse y que le incauten la carreta. Se pierde la mercancía y hay que pagar el préstamo”, expresó el comerciante Efraín Jiménez, ante la realidad de que los vendedores solicitan diariamente crédito informal de entre $5,000 y RD$15,000, a una tasa de hasta 5%, y algunos pagan RD$400 por el alquiler del caballo y la carreta.

El funcionario del ayuntamiento asegura que las bestias incautadas son entregadas a entidades protectoras de animales y denunció que gran parte de los caballos utilizados para venta de productos agropecuarios han sido robados de fincas y propiedades privadas.

Sin embargo, Pimentel sostiene que la Asociación Los Caballitos exige certificados de propiedad a sus miembros y, no obtante, han comprado de terceras manos los mismos caballos que les fueron incautados.

“Reconocemos que en la calle puede haber caballos robados, pero no son de miembros de la asociación”, aseguró el dirigente.

El padre Rogelio Cruz, quien ha estado apoyando los reclamos de los comerciantes, manifestó su oposición al maltrato de cualquier tipo a un animal, pero enfatizó que “los propietarios de los caballos hicieron una inversión al comprar el animal y viven de ese trabajo injusto, por lo que lo idóneo no es emitir una ley prohibitiva sino buscar una solución viable que los involucre”.

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, consideró que la legislación debió tomar en cuenta las necesidades de los comerciantes y contemplar una alternativa que les permita continuar con sus ventas sin los caballos.

Dijo que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de negociar una solución para los vendedores antes de prohibir el uso de los caballos, aunque aclaró que no está de acuerdo con esa práctica que atenta contra los animales.

LOS VENDEDORES RECONOCEN MALTRATO
José Miguel Carrión destacó que la circulación de carretas tiradas por caballos no solo representa un tema de sensibilidad, por el maltrato que reciben los animales, sino de peligrosidad en el tránsito.

Asimismo, resaltó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha estado inmerso en la creación de la ruta turística de Santo Domingo y sostuvo que cuando esta comience a operar los caballos no podrán desplazarse en el casco urbano.

Esa situación se presenta además en Santiago de los Caballeros y otras ciudades del país, ante el reclamo de la población y de las instituciones de protección animal por el mal estado en que se encuantran los caballos y la excesiva carga que se les impone.

Los comerciantes manifiestan que están conscientes de que la práctica no es adecuada y algunos expresan sus deseos de abandonarla, pero no cuentan con los recursos para adquirir un vehículo, pues en la totalidad de los casos no tienen acceso a la banca.  

El dirigente catalogó la incautación de mercancía un acto delictivo que podría generar en actos de violencia.

GABRIEL PIMENTEL
Dirigente gremial
“En 2007 se hizo un operativo en el que se incautaron 110 caballos y 78 carretas, de los que se recuperó el 90% y se conseguieron porque otras personas los estaban vendiendo”.

LUIS ML. PERALTA
Carretero por 20 años
Reconoce que el uso de caballos no es adecuado, pero dice que las autoridades deben buscar una alternativa porque los vendedores no tienen otra forma de subsistencia.

ROGELIO CRUZ
Sacerdote
Considera que lo idóneo no es emitir una ley prohibitiva, sino buscar una solución viable que no perjudique a los animales pero tampoco a los comerciantes, cuyo único modo de subsistencia es la venta en caballos.

VIRGILIO ALMÁNZAR
Dirigente social
Señaló que la legislación debió tomar en cuenta las necesidades de los comerciantes y contemplar una alternativa. Catalogó la incautación de mercancía un acto delictivo que podría generar actos de violencia.

JESÚS JIMÉNEZ
Carretero
“Exigimos que si nos quitan los caballos que nos proporcionen guagüitas para trabajar. En dos ocasiones me han quitado la mercancía e incluso los guardias han intentado golpearnos cuando reclamamos”.DE LISTIN DIARIO.COM