Los voceros de Participación Ciudadana (PC), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) tildaron este viernes de grave, de ser cierta, la revelación que hizo en el tribunal Mary Peláez, de que recibió contratas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, dirigida entonces por el ingeniero Félix Bautista, por instrucción del presidente Leonel Fernández.
Javier Cabrera, de Participación Ciudadana; Trajano Vidal Potentini, de FJT, y Julio César de la Rosa Tiburcio, de ADOCCO, estimaron que el jefe del Estado y Bautista violaron las leyes, en especial la 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Cabreja expresó que de ser verdad y comprobado lo dicho por Peláez, imputada de lavado de activos y asociación de malhechores en la supuesta red de José David Figueroa Agosto, estaría poniendo en evidencia la carencia que hay en en el país del cumplimiento de las leyes.
Peláez, quien guarda prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo-Mujeres, dijo el jueves que fue ayudada por el Gobierno a raíz del asesinato de su padre, Milton, humorista, publicista y productor de televisión.
Aseguró que obtuvo beneficio por RD$15 millones con las obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Regional Bonao, en la iglesia de Piedra Blanca y en un proyecto de Santiago.
Respecto a esas afirmaciones, Cabreja dijo que “eso es una franca violación a la Ley de Compras y Contrataciones, que obliga a todas las instituciones del Estado a ir a concurso y a licitaciones de las obras”.
Añadió que nadie, incluyendo el Presidente de la República, en un país con democracia puede estar por encima de las leyes.
Indicó que si lo manifestado por Mary Peláez se corresponde con la verdad, evidencia lo que de manera sistemática y permanente está ocurriendo en el país, el manejo opaco, poco transparente de los recursos públicos. Estimó que por esas acciones, la OISOE no tiene ninguna razón de ser.
Considera que el mandatario con esa práctica envía un mensaje negativo cuando por otro lado se hacen esfuerzos por transparentar al Estado dominicano.
Cabreja señaló cuando un presidente se sitúa por encima de la ley, se debilita el Estado de derecho.
Mientras, de la Rosa Tiburcio expresó que ADOCCO reprueba ese tipo de acciones, por estimar que hace mucho daño a la institucionalidad del país.
Agregó que ese tipo de práctica se vienen desarrollando en la nación desde la época en que gobernaba el doctor Joaquín Balaguer, por lo que no le causa sorpresa.
Afirmó que el privilegio de un Presidente, en este caso Leonel Fernández, para unos ciudadanos, la familia Peláez no es un caso aislado ya que la violación de las leyes de transparencia se violan constantemente.
Tanto De la Rosa Tiburcio como Vidal Potentini criticaron que aún no se convoque al Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los órganos establecidos en la Constitución y que tienen que ver con el fortalecimiento institucional del país. Coincidieron en censurar que el presidente Fernández haga uso de tráfico de influencias y de su poder para tomar decisiones de los recursos del Estado a favor de personas particulares.
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