Advierten daños ecológicos causaría minería en loma Siete Picos

Residentes en el sistema montañoso temen sufrir igual que en Cotuí

Residentes en el distrito municipal Mamá Tingó, de Yamasá, denunciaron que el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, otorgó a la empresa canadiense Invercrópolis S.A., el permiso de exploración de aproximadamente 9 mil 900 hectáreas en la Loma de Siete Picos sin estudiar las consecuencias que tendría la explotación minera en la zona.

La loma de Siete Picos está enclavada en una amplia zona donde nacen alrededor de 18 ríos, entre éstos Haina, Ozama, Isabela, Río Verde, Guanuma, Capá, Máyiga, El Toro, Higüero, Novillero, Los Arroyones, Sabana Piedra y Duey, que son fuente de suministro de agua potable al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

En visita a El Gobierno de la Tarde de la Z101, el dirigente comunitario Francisco Rodríguez Canelo, vocero de los comunitarios, advirtió al país de la grave situación ecológica que provocaría la eventual explotación minera en el referido sistema montañoso.

Los exploradores canadienses estarían interesados en explotar las riquezas minerales de la zona, donde se estima hay una alta concentración de oro, plata y ferroníquel.

Explicó que los residentes en las localidades próximas a la Loma Siete Picos realizan excabaciones de manera artesanal y recaban pequeñas pepitas de cuya actividad sobreviven hace años.

Según su denuncia, en el contrato de exploración minera Industria y Comercio no incluyó la extensión del complejo de montañas Siete Picos, pero que la empresa minera realiza sus exploraciones en ésta, interesada en la explotación futura.

Rodríguez Canelo advirtió que en las comunidades de Máyiga, Guanuma, Hato Viejo, El Chácaro, La Cuneta, Guanumita, Río Verde, Arroyo Rancho, Piedra Azul, El Placer, Maimón, La Cuchilla, Palo Prieto y otras persiste la preocupación de sus habitantes sobre los dañinos efectos que sufrirían en caso de que se produzca la explotación minera de la zona.

Citaron de ejemplo la situación que sufren los residentes en las proximidades de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde la Rosario Dominicana provocó graves daños ambientales, y donde actualmente la explotación de sulfuros está a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold.