La comisión de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo presentar propuestas para la revisión de los códigos tiene listo un informe donde plantea modificar unos 70 artículos del Código Procesal Penal.
El presidente de la comisión de Justicia de la cámara baja, Demóstenes Martínez, dijo que la violencia de género, y la invasión a la propiedad son delitos que serán llevados de acción privada a la categoría de orden público. Demóstenes Martínez Explicó que el plazo de apelación será ampliado a 20 días y la investigación del Ministerio Público será elevado de seis meses a un año y la prisión preventiva tendrá la misma duración que tarde en concluir el proceso.
“Se han detectado una serie de errores en el Código Procesal Penal frente a los cuales es justo que el Congreso Nacional pueda intervenir para corregirlos”, explicó el diputado de Santiago de los Caballeros al ser entrevistado por Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.
Afirmó que se elevará de dos a cinco años los casos que competerán ser conocidos por los tribunales unipersonales, para que haya una mayor amplitud en el conocimiento de estos temas.
Al referirse a la violencia de género dijo que una vez sea apoderado el Ministerio Público no bastará con que una mujer retire la querella en contra de un hombre que ha incurrido en violencia de género, para impedir que la acción pública continúe.
Plazos
Dijo que el informe incluye la homologación constitucional de 48 horas muchos plazos que son de 24 horas.
Martínez explicó que el plazo de apelación será ampliado a 20 días para que tanto el Ministerio Público como el acusado presenten sus conclusiones, porque hay quejas de que diez días es muy poco tiempo para presentar una serie de elementos. Anunció que ya la comisión está en proceso de revisión de estilo y ortográfica para presenta el informe al hemiciclo.
“Yo espero que en un plazo no mayor de 15 días estemos conociendo el primero de esos códigos: el Código del Menor”, dijo, tras asegurar que en las siguientes semanas se debatirán los demás.
Consideró que el CPP facilita a los jueces una serie de circunstancias que permiten también la corrupción.
Afirmó que hay que ponerle un freno a “la fuga” que está pasando en los tribunales dominicanos con los procesos.
“Es porque el mismo Código le facilita -a el juezuna serie de circunstancias que permiten también la corrupción, porque el artículo 226 del Código Procesal Penal te presenta siete medidas de coerción”, puntualizó.
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