Santo Domingo
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso presentó un recurso de casación en contra de sentencia que declara la extinción de la acción penal interpuesta por el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y un hermano, acusado de expropiación de terrenos en Bahías de la Águilas.
El recurso fue presentado por ante la secretaría del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por considerar que la decisión adoptada tiene contradicción e ilogicidad manifiesta, en virtud de que el tribunal enfatizó que haría un análisis global del proceso, pero solo se analizó el comportamiento del Ministerio Público y no de los demás actores procesales.
Además, la Fiscalía alega que hay una inobservancia de los principios 11 y 12 del Código Procesal Penal en torno a la igualdad ante el proceso y la Ley en el entendido de que el tribunal atribuye al Ministerio Público la responsabilidad de la extinción, no obstante, de que reconoce que el proceso no estaba extinguido al momento de la solicitud realizada por los acusados en el año 2012.
En la instancia el Ministerio Público pide a la Suprema Corte de Justicia declarar nula la decisión adoptada por el Primer Tribunal Colegiado y que remita el expediente ante la jueza presidenta de las Cámaras Penales del Distrito Nacional para que apodere mediante auto a uno de los tribunales colegiados de esa jurisdicción, distinto al que emitió la decisión atacada.
Aseguró que no existen razones legales para declarar la prescripción y que en un proceso de unos 15 años la defensa hizo todo lo posible para obstaculizarlo y todavía en el año 2010 estaban ejerciendo recursos.
Se recuerda que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional, también habían declarado el 8 de octubre de 2012 la extinción de la acción penal en el caso por prescripción, pero el pleno de la Suprema Corte de Justicia revocó la decisión y apoderó el caso al Primer Tribunal Colegiado.
El grupo fue sometido a la justicia en marzo de 1997, por violación a varios artículos de la Constitución, del Código Penal Dominicano, sobre la Reforma Agraria, Ley sobre bien de familia, ley 362 que regula las ventas de tierras rurales, y urbanas y suburbanas propiedad del Estado.
En torno al caso también fueron sometidos a la justicia el empresario Moisés Fernando Marchena, (fallecido), Puro Pichardo Fernández, Vicente Guzmán Tatis, Nelson Oleaga Guzmán, Marcos Marte de León, Hedí Francisco del Orbe, Arelis Colón Matos, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello.
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