El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) planteó este miércoles que en el sistema judicial del país experimentó muchas luces y sombras en el año 2014.
Diego José García, presidente del CARD, citó la obtención de varias sentencias en beneficio de la población como la anulación de 1,200 títulos de propiedad adquiridos de manera fraudulenta por unas 600 personas en el área protegida Bahía de las Águilas; la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de evitar que se gravaran las compras que se realizan por Internet de un monto menor de 200 dólares; así como la que ordenó a la Dirección General de Minería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la detención inmediata de cualquier forma de gestión o autorización que impliqucara la explotación minera de Loma Miranda, entre los pasos de avance que dio el sistema.
Agregó que otro de los casos trascendentales para la sociedad fue el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) número /0256/14, que desconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) para litigar procesos contra la República Dominicana, lo que liberó al país de un acoso internacional en material judicial.
“Otras sentencias favorables del Tribunal Constitucional fue la que ratificó la independencia y autonomía de la Junta Central Electoral en el manejo de su control interno, actuaciones administrativas y financieras según el artículo 22 de la Constitución, lo que otorga mayor fortaleza institucional al Órgano Electoral.
El presidente del CARD citó como “las sombras del sistema judicial” el bajo presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría, situación que dijo "ha provocado el taponamiento en el manejo de muchos expedientes y que el personal de justicia trabaje con múltiples precariedades".
Indicó que tanto los jueces como el personal administrativo se ven obligados a trabajar en exceso y con limitaciones por la falta personal y escases de recursos.
Dijo, además, que varios palacios de justicia se encuentran en mal estado por falta de presupuesto y otros operan en condiciones de hacinamiento, como el de la provincia Santo Domingo.
“Otras de las sombras son los bajos salarios que devengan los fiscales y abogados que trabajan en el sector público, que en algunos casos son de miseria que no permiten que los profesionales del derecho no pueden resolver ni siquiera sus necesidades básicas”, enumeró.
Por los bajos salarios cientos de fiscales y defensores públicos protestaron frente al Congreso Nacional, a la Procuraduría y de algunos Palacios de Justicia de todo el país. Este miércoles se celebra el “Día del Poder Judicial”.
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