jueves, 12 de febrero de 2015

Canciller acusa a sectores de quemar banderas para debilitar relaciones entre RD y Haití

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, acusó este jueves a algunos sectores de promover la quema de banderas y otros hechos violentos en el país, a los cuales no identificó, con el propósito de maltratar las relaciones entre la República Dominicana y Haití.
Apuntó que puede haber sectores que se beneficien de este tipo de dificultad, pero aclaró que el Gobierno busca estrechar las relaciones y mantener los vínculos de  diálogos entre ambas naciones.
En relación al caso de Santiago, donde resultó muerto un nacional haitiano a manos de desconocidos, dijo que la Procuraduría y la Policía Nacional investigan para esclarecer el hecho, a los fines de tomar las medidas de lugar.  
“Lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar cómo Gobierno que los mecanismos de investigación y de hacer justicia están funcionando en la República Dominicana”, sostuvo el canciller dominicano previo  la posesión del licenciado Abel Martínez como presidente protémpore del Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), en el salón de la Asamblea Nacional.
Apuntó que hecho de esa naturaleza se puede presentar en cualquier parte del país, pero que lo importante es que no quede impune y que se haga justicia, lo que respalda aún más a la República Dominicana de que respeta los derechos humanos, que tiene un estado de derecho y que está en una mejora continua de todas sus estructuras de seguridad.
Por otro lado, dijo que el Gobierno está apostando al éxito al plan de regulación, en queda unos cuanto meses de trabajos, donde cada día fluyen más personas para registrarse.
Manifestó que el gobierno dominicano está haciendo los mayores esfuerzos para incentivar a las personas que están en esas condiciones y puedan aplicar que lo hagan en el plazo previsto.
Dijo que la República Dominicana está demostrando que este plan va en serio, y que se ha hecho una gran inversión, donde se ha asumido la totalidad de los costos para garantizar que las personas que están en una situación irregular se puedan regularizar.

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