Las víctimas “invisibles” de la violencia machista

La tristeza acompaña a Caroline, de 12 años, desde que el pasado 23 de agosto su papá mató a su madre, Ana Felicia Arias García, de 38 años. El dolor que sintió su hermano Diego, de 9 años, fue tan fuerte que no le permitió acercarse al ataúd para despedirla.

Hace nueve años que Ana se había separado del agresor. Los niños están desamparados de padre y madre, pues Johnny Mercedes Jiménez, guarda prisión.

La tragedia mantiene compungidos a los familiares de Ana. Viven en condiciones muy humildes en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Entre preparar los oficios religiosos a la memoria de su pariente y lidiar con tribunales para lograr la condena del crimen, apenas les queda tiempo para reparar en la tristeza de los pequeños.

La Policía se ocupó de recoger los datos generales de los involucrados en la tragedia. El Ministerio Público cumple con investigar a fondo el hecho y el Ministerio de la Mujer de inmediato sumó otro feminicidio a su lista de este año. En tanto, el Consejo Nacional de la Niñez (Conani) ni se entera de la asistencia psicológica que necesitan los hijos de Ana.

En esas dependencias del Estado no existe un solo programa de seguimiento a la situación de desamparo en que queda una parte importante de los niños a quienes la violencia machista les arrebató a su madre, quien en la mayoría de casos era la jefa de un hogar desintegrado.

Cuando se les pregunta a las autoridades sobre la cantidad de niños huérfanos de madres asesinadas por sus parejas o ex parejas, la respuesta es que se estima en dos o tres por cada caso, pero no hay un levantamiento estadístico oficial de esas víctimas que quedan vivas e inocentes, y aparentan ser invisibles ante los ojos del Estado.

Aunque Caroline y Diego viven con una tía desde hace un tiempo, siempre fue muy estrecha la relación con su madre, quien residía en España, pero venía mucho al país. Como mínimo a ellos se les viola su derecho a la salud. De acuerdo a la Ley 136-03, el Código de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, todos los niños tienen derecho, desde su nacimiento, a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. El Estado debe ser el garante de esos derechos.

Las psicólogas María Teresa Mota y Marina Orbe, de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (ProFamilia), advierten que si a los niños y niñas que sufren la pérdida de su madre de forma violenta no se les ayuda a asimilar el dolor y el suceso, uno de los daños es que pueden desarrollar comportamientos agresivos en el futuro.

“Los psicólogos tendríamos que ser receptores de esos niños, pero fíjate que no ocurre. Entonces, se están quedando en el vacío, sin ayuda, porque el impacto es fuerte”, apunta Mota.

Estadísticas. La Procuraduría General de la República registra 110 feminicidios ocurridos entre enero y junio de este año. De esa cantidad, 58 están calificados como íntimos, es decir, que el victimario tenía o tuvo en algún momento una relación amorosa con la víctima; mientras que 52 son no íntimos.

Si se calcula que cada madre parió entre dos y tres hijos, se estima que en el primer semestre de este año alrededor de 264 niños han quedado huérfanos de madre a causa de la violencia machista, mientras que poco más de la mitad perdió también a su papá, ya sea porque se suicidó tras cometer el feminicidio o porque cumple condena en la cárcel por el hecho.

La Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa), de 2007, refleja que en República Dominicana la fecundidad ha pasado de 3.7 hijos por mujer, en el año 1986, a 2.4 para el año 2007.

La psicóloga Natividad López, encargada del Departamento de Prevención de la Violencia del Ministerio de la Mujer, reconoció que hace falta más atención para estos menores: “Esos niños se están quedando invisibles. Se quedan en un desamparo emocional porque por más afecto que reciban de otros familiares el amor de mamá y papá es incomparable”.

Sólo en algunos casos, como los que han tenido repercusión en la prensa, por ejemplo, ese Ministerio ha acudido a darles apoyo psicológico a los niños en coordinación con la Procuraduría. “Hay muchos casos que no llegan a nosotros. La mayoría no llega aquí. Esa situación es muy lamentable”, agregó López.

De parte del Conani ni siquiera tienen en proyecto trabajar con estos niños. Esta institución tiene hogares de paso que protegen por un período de tres a seis meses a las víctimas de abuso o violencia de otro tipo. La gerente de Comunicaciones de Conani, Lourdes Rodríguez, expuso que la información sobre los hogares es confidencial para proteger a los niños que reciben atención. El Conani cuenta, además, con centros infantiles de atención integral que asisten a hijos de padres muy pobres en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Rodríguez afirmó que si de la Fiscalía le remiten algún niño huérfano como consecuencia de la violencia, Conani los recibe, pero de forma particular esa institución no les da seguimiento a los demás.

Impacto. En Baní, provincia Peravia, a Niovelis García, de 33 años, la mataron con su hijo de un año y medio de edad en los brazos. El abusador fue un hombre que tenía pretensiones pasionales para con ella. El dolor fue desgarrador para sus seis hijos, la mayor de ellos una niña de 14 años de edad.

El hecho ocurrió en noviembre del año pasado; todavía hoy a algunos de los hijos de Niovelis les cuesta hablar de su mamá sin que la congoja los invada.

“Ellos se enteraron de la tragedia a las pocas horas. Fueron días muy difíciles para todos. No querían comer, estaban muy desanimados. Creo que necesitaban ayuda de un psicólogo, pero en ese momento uno no sabe qué hacer ni adónde acudir”, comenta Altagracia Santos, abuela de los niños, quien tiene a cargo su custodia. La abuela tuvo que dejar a un lado su dolor y sacar fuerza interior para dar de lo que ella misma necesita, atención psicológica, consuelo y esperanza a sus nietos. Intenta que sus nietos no crezcan con resentimiento, pero la tarea es muy difícil.

A una de las niñas, cuando se le pregunta por qué quiso estar presente el día del juicio del asesino de su madre, contesta: “Yo quería saber cuántos años iba a estar en la cárcel ese maldito hombre del demonio”. Una expresión que sorprende de una niña de 12 años, de carácter dulce, pero que se transforma en amargo cuando recuerda cómo perdió a su mamá. La familia, de condiciones muy humildes, aún está intranquila, pues el matador, condenado a 30 años de cárcel, está apelando el caso en busca de su libertad.

La psicóloga Marina Orbe indica que el impacto inmediato que sufren los niños es una profunda tristeza, llanto, pierden apetito, cambios emocionales, conductas agresivas y retraimiento. Además, su rendimiento escolar baja y en algunos casos no se recuperan.

La desintegración familiar es otro impacto que los golpea. En la casa de Angely Joely Mejía Sena, muerta por su ex pareja y padre de una de sus dos niñas en enero del 2010, no se menciona el nombre del matador.

Las niñas recuerdan a su madre con nostalgia, pero nadie se refiere al asesino. Su abuela materna, Marisol Sena, con quien viven, no quiere que su nieta tenga algún contacto con la familia de ese hombre ni la niña pregunta por sus tíos, primos ni abuelos paternos. Para ella no existen. “De mi experiencia digo a quien pasa por esta situación que busque de Dios, es la mayor fortaleza que podemos recibir”, reflexiona la abuela.

Orbe expone que la desintegración es más dura cuando se trata de varios hermanitos que después de vivir juntos, cada uno pasa a residir con una familia distinta. “Esos niños pierden su entorno, cambian de vecindario, de escuela, pierden a sus amigos y tienen que empezar a hacer nuevas amistades”, dijo.

Orbe propone que las unidades de salud mental que el Ministerio de Salud Pública tiene en varias provincias pueden ofrecer asistencia en estos casos. “Creo que por ley se debe ordenar que se identifiquen esos casos, que desde que ocurran haya comunicación con la familia afectada para terapia”, sugirió.

Un proyecto engavetado

El ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero , informó que durante su gestión de cuatro años presentó el proyecto “Hijos de Todos”, con el propósito de asistir a los niños y niñas que perdieron a su madre o su padre de forma violenta. El proyecto, presentado en mayo de 2008, fue elaborado por una comisión interinstitucional integrada por la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Niñez, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública.

Esas instituciones realizaron un diagnóstico de la situación en que viven esos niños y prepararon un plan de acción. A Hernández Peguero no le fue posible llevarlo a cabo debido a que después que fue diseñado, lo destituyeron del cargo. Los fiscales siguientes lo dejaron engavetado. La propuesta consiste en programas para proveer a los niños y niñas una adecuada alimentación, seguimiento escolar, cuidados médicos y gestionar que los pequeños sean acogidos por una familia que les brinde el afecto y la seguridad que necesitan.

En el estudio se propone la creación de una estructura dirigida a dar seguimiento a los programas y acuerdos que benefician a los huérfanos que deja la violencia. El estudio reflejó que en esos niños es frecuente la deserción escolar o bajo rendimiento académico, desnutrición, depresión y trastornos psicológicos. Entre las consecuencias que podría afectar a la sociedad están delincuencia juvenil y ciudadanos maleducados.

Hernández Peguero considera que mientras más asistencia reciban las mujeres maltratadas se registrarán menos feminicidios y, por ende, menos niños quedan huérfanos por esa causa.

Esfuerzos en Santiago

La Fiscalía de Santiago desarrolla el programa de apoyo “Huérfanos de la violencia y la criminalidad”, que acoge a los pequeños cuya madre o padre murió víctima de la violencia criminal. Es un proyecto pequeño y el único que oficialmente existe en el país. La fiscal Yeni Berenice Reinoso ha dicho que trabajan con 74 niños. Con esta iniciativa la Fiscalía de Santiago pretende contribuir con los viudos, viudas y huérfanos de su jurisdicción que han perdido a su pariente más cercano de manera violenta.

Los potenciales beneficiaros del programa deben requerir formalmente su participación a través de una solicitud presentada en la dirección de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Sexual o Basada en el Género, que funciona en la Fiscalía de Santiago.

Un equipo multidisciplinario se encarga de estudiar las condiciones socio-económicas del solicitante para diagnosticar sus necesidades. El departamento de prensa de la Fiscalía de Santiago detalló que el objetivo del programa es potenciar la capacidad de las familias para proteger a los niños, niñas y adolescentes, facilitándoles apoyo económico y psicosocial.

También, procuran involucrar al liderazgo comunitario y social allegado a las víctimas para que contribuyan a generar un entorno favorable para su recuperación emocional y económica.

Opiniones de especialistas

María Teresa Mota
Psicóloga
En esos niños que pierden a sus madres de mano de sus padres o parejas actuales o pasadas, la violencia va sembrando para luego cosechar. Por eso es que se solicita que el Estado garantice una atención inmediata para poder trabajar esa idea de muerte, de homicidio en los niños; de lo contrario están sentadas las bases para que el niño sea violento, lo cual se puede evitar con atención”.

Marina Orbe
Psicóloga
No necesariamente la familia que acoge a un niño huérfano como consecuencia de la violencia intrafamiliar le manifiesta el afecto que él requiere, porque le representa una carga económica. Los miran con pena, que no es bueno. Otras veces con recelo, que tampoco es bueno. Lo ideal es trabajar para que ellos sientan que pueden llevar una vida normal en un buen entorno familiar”.

Más atención para la mujer maltratada

La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional de la Niñez desarrollan varios programas para ayudar a las mujeres y niños que sufren el maltrato físico y psicológico. Las fiscalías participan activamente.

Natividad López, encargada del Departamento de Prevención de la Violencia, del Ministerio de la Mujer, apunta que tienen dos casas de acogida, de las que se reservó detalles para evitar dar pistas al agresor. “Ofrecemos una atención psicológica, social, legal y de salud a las mujeres”, expresó la funcionaria. “Las casas tienen capacidad para atender a 50 mujeres”, agregó.
La terapia es por un período de tres meses.