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Cambios al Código Procesal Penal también limitan allanamientos PN 
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura la modificación de 75 artículos del Código Procesal Penal (CPP), que entre otros puntos importantes, ponen un límite a los allanamientos de la Policía Nacional, endurecen los procesos contra la violencia de género y el crimen organizado en el país. Igualmente, la modificada legislación aumenta a dos años, el plazo de la medida de coerción contra los imputados de un delito, que actualmente es de 3 meses y un año de prisión preventiva.
En caso complejo, es decir, cuando no hay suficientes elementos probatorios contra el o los imputados se aumenta a 36 meses.
Cuando ocurra un caso de violencia de género o intrafamiliar, aunque la querella sea retirada por la persona afectada, el Ministerio Pública tendrá la facultad de continuar la acción legal contra el o los imputados.
Un total de 129 legisladores de las diferentes bancadas acogieron el informe favorable por el proyecto, y no votaron por ésta Hugo Tolentino Dipp, Karen Ricardo, Pelegrín Castillo, Juan Hubieres y Alejandro Jerez.
Se dispuso una modificación del artículo 15 para establecer un plazo de cinco días para que el juez intime al superior inmediato del Ministerio Público actuante, antes de declarar extinta la acción penal, y aumenta a quince días el plazo para que la víctima formule su requerimiento. También establece la responsabilidad civil del Ministerio Público por el mal desempeño de sus funciones.
En el artículo 179, autoriza al juez a conceder el registro de lugares en horas de la noche en caso de narcotráfico, secuestro o terrorismo, y mediante el artículo 80 se dispone el retiro de la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
Igualmente, acogiendo el informe de la comisión que estuvo a cargo el estudio del proyecto, los diputados reformularon el artículo 241 para ampliar a 24 meses la prisión preventiva, y el 370 permitirá aumentar en los casos complejos de 18 a 36 meses.
Se incluyó el traslado de la acción pública a instancia privada, la invasión y ocupación de propiedad, al igual como la falsedad de cheques, que se contemplaba en el artículo 31, y eleva a tres años el máximo de la pena imponible de privación de libertad como el porte y tenencia ilegal de armas de fuego o violación a la ley de drogas.
Las modificaciones en sus artículos 38 y 40 establecen una prohibición a la solicitud de la suspensión condicional de la pena en materia de violencia intrafamiliar, aunque la pena no exceda el límite establecido en el CPP que establece que la conciliación en materia de violencia intrafamiliar solo se procurará, si no está en peligro la integridad física o psíquica de la víctima.
La nueva legislación dispone mediante la modificación del artículo 72, que los jueces de primera instancia podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cinco años.
En tanto, que el artículo 188 fue cambiado en su contenido para que se imponga un plazo de 48 horas al Ministerio Público para comunicar al juez sobre el secuestro de objetos en ocasión de un registro o delito flagrante, así como también el 224, que amplía los presupuestos para el arresto y se homologa el plazo para la detención en cuarenta y ocho horas.
DEBATES
Durante los debates, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, exhibió imágenes de crímenes, y otros hechos, cometidos por presuntos delincuentes que dijo se pasean por las calles.
Alegó que los legisladores están listos para aprobar leyes que castiguen a los “azarosos delincuentes que llevan luto, sangre y dolor a nuestra familia dominicana. La delincuencia y el crimen organizado no tendrán padrinos en la Cámara de Diputados”.
El presidente de la subcomisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Giovanny Tejada, al rendir el informe, dijo que se escucharon a diferentes sectores del país en vistas públicas, por lo cual se pudo rendir un informe casi perfecto.
Tejada dijo que “la República Dominicana vive momentos galopantes de delincuencia, y algunos sectores atribuyen este elemento a la actual normativa procesal vigente, pero entendemos que el auge de este flagelo se debe no solo al Código, sino a otros males sociales”.
Resaltó la necesidad de que sean establecidas medidas que detengan la fábrica de los delincuentes con mecanismos preventivos, empleos y educación.
En tanto, que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, manifestó que “las innovaciones del Código, incluyen aspectos muy diversos, materias como los plazos establecidos para ejercer derechos, acciones y recursos, que conduzcan a la resolución expedita del procedimiento penal, fortaleciendo con ello las garantías que ostentan las víctimas de delito”.
Afirmó que el nuevo Código Procesal Penal, delinea procedimientos para ejercer medidas coercitivas y, en su caso, el arraigo de personas acusadas de cometer un hecho ilícito y toma en consideración acusaciones que pesen previamente en contra de los infractores y además integra cualquier investigación abierta en la que figure el acusado.
Expresó que “con la realización de esas modificaciones se da respuesta a la necesidad de cambio exigido por nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio”.
De su parte, el diputado Juan Hubieres, dijo que los niveles de criminales rondan en el país en un 24% con tendencia a aumentar, y expuso que las penas máximas y menores no evitarán que hayan más o menos crímenes en el país, “porque aquí hay más de cien mil profesionales y 800 mil jóvenes sin trabajo, que es una perfecta fábrica para que se hagan cosas indebidas”.
También pidió al pleno, que se estableciera en el Código la no prescripción de actos de corrupción cometidos por funcionarios durante sus funciones.
Henry Merán, del PLD por San Juan de la Maguana sostuvo que la Cámara de Diputados asumió responsabilidad para darle al país un verdadero instrumento que garantizará la seguridad ciudadana.
“Para modificar este Código se realizaron vistas públicas en todos los rincones del país, y todo el que tenía que aportar lo pudo hacer en la casa de la democracia, que es el Congreso Nacional”, precisó Merán.
Pelegrín Castillo, sostuvo que se ha dado un paso trascendental, y pidió que el debate del tema se aplace para la próxima sesión, para edificar más al pleno, por lo que pidió se dejara la pieza sobre la mesa, moción que fue rechazada por el hemiciclo.
Ramón Rogelio Genao, portavoz del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, indicó que el primer problema de los dominicanos es la seguridad ciudadana, “y precisamente a este mal hoy de manera especial, la Cámara de Diputados le está dando respuesta para reducir la delincuencia”.
Adujo que este Código con sus reformas fortalecerá las acciones del Ministerio Público y de la Policía, sin dejar de garantizar los derechos a los imputados. “Hoy seguimos haciendo historia, y pido a todos mis colegas aprobar a unanimidad en primera lectura el nuevo Código”
El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, significó que los perredeistas respaldaron el proyecto y su informe, que no sólo es de la comisión, sino del pueblo, quien tuvo la oportunidad de expresarse, por lo cual la pieza estaba suficientemente consensuada, y solicitó el cierre de debate.
El reformista Marino Collante dijo que la sociedad dominicana debe sentirse satisfecha porque dejará de sufrir por las ineficiencias del vigente Código Procesal Penal.
OTRAS NOVEDADES DEL PROYECTO
Entre las novedades de la propuesta, el diputado Henry Merán, miembro de la comisión, resaltó la imposición obligatoria de la prisión preventiva contra los imputados de asesinato, narcotráfico y otros delitos graves, así como la apertura del accionar público en los casos de golpes y heridas provocados en un contexto de violencia intrafamiliar.
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