Procurador pide a SCJ investigar jueza dejó en libertad acusado de agredir a fiscal

IMPUSO UNA FIANZA A UN HOMBRE ACUSADO DE GOLPEAR A UN FISCAL ADJUNTO DE ESA DEMARCACIÓN EN PLENO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

El procurador general de la República, Radhamés Joménez Peña, pidió a la Suprema Corte de Justicia realizar una investigación en torno a una decisión adoptada por una jueza de Santiago, que impuso una fianza a un hombre acusado de golpear  a un  fiscal adjunto de esa demarcación en pleno ejercicio de sus funciones.

Jiménez Peña, mediante una misiva enviada al presidente de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, pidió indagar la situación presentada con la jueza de Atención Permanente de Santiago, Blessie Gómez Báez, quien dejó en libertad al  imputado William Francisco Henríquez Gómez, acusado de agredir al fiscal Otto Soriano García.

En nombre de toda la familia del Ministerio Público, Jiménez Peña le expreso su indignación al presidente de la Suprema Corte por la acción de la  magistrada, razón por la cual le solicitó  investigar las actuaciones de la referida jueza.

“Señor Presidente, somos fervientes defensores de la independencia del Poder Judicial, pero frente actitudes de irresponsabilidad mayúscula como la adoptada por la magistrada Gómez Báez, no podemos dejar pasar por alto ese tipo de decisiones, que se produjo en atención a un querellamiento del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones”, indica la misiva.

Jiménez Peña dijo que constituye un hecho sin precedentes e inaudito que la jueza Gómez Báez le haya otorgado una fianza al agresor del fiscal adjunto, no obstante  haber sido depositados en el tribunal todos los elementos probatorios que confirman de manera fehaciente la peligrosidad del imputado.

Señaló que la juez decidió otorgarle al imputado Henríquez Gómez una presentación, cuidado, vigilancia y garantía accesoria, no obstante el ministerio público solicitarle prisión preventiva amplia y fehacientemente justificada en el caso de la especie.

Se quejó por el hecho de que la jueza no evaluó la gravedad del ilícito en razón de la acción penal y contra quién se realizó, “y por supuesto, no ponderó el peligro existente e inminente para la víctima”.