Acusó a las autoridades dominicanas de incumplimiento de un laudo internacional que obliga al Estado a indemnizarle con 45 millones de dólares
Santo Domingo.- La empresa de capital español Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa) denunció hoy la "incautación" de sus bienes por parte del Gobierno dominicano y el incumplimiento de un laudo internacional que obliga al Estado a indemnizarle con 45 millones de dólares.
La compañía, que también cuenta con accionistas estadounidenses y dominicanos, acusa a "los últimos gobiernos" del país caribeño de incumplir "sistemáticamente" el contrato de concesión que le fue adjudicado en 2001 para la construcción, mantenimiento y atención al usuario de la carretera San Pedro de Macorís - La Romana (este).
El consejero delegado de Codacsa, Roberto García, en declaraciones a Efe, dijo hoy que a las 6.00 horas (10.00 GMT) del pasado sábado una dotación militar encabezada por un responsable del departamento jurídico del Ministerio de Obras Públicas expulsó al personal de la compañía de la carretera.
Estos hechos se producen después de que un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio de París fijara a finales de mayo la indemnización y declarara que el Estado dominicano incumplió "las principales cláusulas contractuales y que las acusaciones del ministerio de Obras Públicas hacia la empresa son "temerarias", explicó García.
Según la empresa española, el contrato preveía que el Gobierno dominicano entregara un aval liquidador del riesgo cambiario que garantizara a la empresa el pago del préstamo obtenido para financiar el proyecto ante eventuales fluctuaciones de la moneda, pero el Ejecutivo incumplió esta obligación.
Tampoco cumplió con su obligación de crear un "peaje sombra" para subvencionar el que la compañía dejó de cobrar al impedirle actualizar las tarifas, paralizó la construcción de dos estaciones de cobro e incumplió el plan de expropiación de terrenos para la construcción de la carretera, explicó a Efe García.
Según el ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa, quien ayer cesó en sus funciones, presionó a la empresa a partir de 2008 para que vendiera la carretera a otras compañías.
Todos estos hechos desencadenaron el arbitraje internacional cuya resolución dispuso que el Gobierno indemnizara a Codaxa en un plazo que venció el 31 de julio y que la empresa devolviera la carretera.
García relató que desde que se conoció el laudo la empresa ha intentado reunirse con representantes del Gobierno para cumplir la resolución, pero no ha obtenido respuesta.
Estos hechos han llevado a la firma a iniciar el proceso de despido de sus más de doscientos trabajadores, todos ellos dominicanos.
Sobre este contencioso, el exministro de Obras Públicas dijo que la empresa se había comprometido a construir la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y que sólo hizo un tramo con dinero del Estado. "No cumplieron nada, esos son unos estafadores", manifestó a medios de comunicación el todavía ministro, quien también acusó a Codaxa de no cumplir con las inversiones previstas.
Acerca de estas acusaciones, García subrayó que Díaz Rúa "miente en todo lo que dice" y recordó que la empresa invirtió siete millones de dólares a la espera de que el Gobierno cumpliera sus promesas.
García indicó que cuenta con el apoyo de la embajada española y dijo que confía en que el nuevo Ejecutivo nombrado por el presidente Danilo Medina, investido ayer, "corrija el comportamiento ilegal del Gobierno saliente".
La compañía, que también cuenta con accionistas estadounidenses y dominicanos, acusa a "los últimos gobiernos" del país caribeño de incumplir "sistemáticamente" el contrato de concesión que le fue adjudicado en 2001 para la construcción, mantenimiento y atención al usuario de la carretera San Pedro de Macorís - La Romana (este).
El consejero delegado de Codacsa, Roberto García, en declaraciones a Efe, dijo hoy que a las 6.00 horas (10.00 GMT) del pasado sábado una dotación militar encabezada por un responsable del departamento jurídico del Ministerio de Obras Públicas expulsó al personal de la compañía de la carretera.
Estos hechos se producen después de que un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio de París fijara a finales de mayo la indemnización y declarara que el Estado dominicano incumplió "las principales cláusulas contractuales y que las acusaciones del ministerio de Obras Públicas hacia la empresa son "temerarias", explicó García.
Según la empresa española, el contrato preveía que el Gobierno dominicano entregara un aval liquidador del riesgo cambiario que garantizara a la empresa el pago del préstamo obtenido para financiar el proyecto ante eventuales fluctuaciones de la moneda, pero el Ejecutivo incumplió esta obligación.
Tampoco cumplió con su obligación de crear un "peaje sombra" para subvencionar el que la compañía dejó de cobrar al impedirle actualizar las tarifas, paralizó la construcción de dos estaciones de cobro e incumplió el plan de expropiación de terrenos para la construcción de la carretera, explicó a Efe García.
Según el ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa, quien ayer cesó en sus funciones, presionó a la empresa a partir de 2008 para que vendiera la carretera a otras compañías.
Todos estos hechos desencadenaron el arbitraje internacional cuya resolución dispuso que el Gobierno indemnizara a Codaxa en un plazo que venció el 31 de julio y que la empresa devolviera la carretera.
García relató que desde que se conoció el laudo la empresa ha intentado reunirse con representantes del Gobierno para cumplir la resolución, pero no ha obtenido respuesta.
Estos hechos han llevado a la firma a iniciar el proceso de despido de sus más de doscientos trabajadores, todos ellos dominicanos.
Sobre este contencioso, el exministro de Obras Públicas dijo que la empresa se había comprometido a construir la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y que sólo hizo un tramo con dinero del Estado. "No cumplieron nada, esos son unos estafadores", manifestó a medios de comunicación el todavía ministro, quien también acusó a Codaxa de no cumplir con las inversiones previstas.
Acerca de estas acusaciones, García subrayó que Díaz Rúa "miente en todo lo que dice" y recordó que la empresa invirtió siete millones de dólares a la espera de que el Gobierno cumpliera sus promesas.
García indicó que cuenta con el apoyo de la embajada española y dijo que confía en que el nuevo Ejecutivo nombrado por el presidente Danilo Medina, investido ayer, "corrija el comportamiento ilegal del Gobierno saliente".
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