SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación de las más de “210,000 personas que han quedado apátridas como resultado de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional”.
“Resulta asimismo preocupante la información presentada en la audiencia sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, de que Tribunal Constitucional ha confirmado el criterio establecido en dicha sentencia a través de las sentencias 275/13, 290/13 y 28/14, lo cual ha agravado la situación” establece el escrito.
Según el documento el fallo conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son afrodescendientes.
Aunque el Estado indicó en la audiencia que la sentencia no es discriminatoria porque personas de ascendencia de otras 117 nacionalidades presentes en el país también podrían verse afectadas, la información de que dispone la Comisión indica que existe un impacto desproporcionado sobre los afrodescendientes.
La CIDH urge al Estado a buscar una solución que garantice el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010, sin exigir que se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
Asimismo, la Comisión lamentó profundamente que el Estado dominicano haya impedido la salida del país de Juliana Deguis Pierre para participar en la audiencia del pasado 24 de marzo.
En la carta la Comisión ha solicitado información al Estado sobre las razones para impedir su salida del país, y quedó pendiente de recibir esta información.
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