La jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, fijó para las 2:00 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción en contra de dos de los implicados en la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN).
La magistrada decidirá si impone prisión preventiva o no al mayor Ruddy José Japa Álvarez y al capital Carlos Amézquita Reynoso, quienes se encuentran recluidos en la cárcel preventiva de San Luis, en la provincia Santo Domingo.
Asimismo, Rigoberto Rosario, abogado de Japa Álvarez, interpuso un recurso de habeas corpus ante la Cámara Penal de esa jurisdicción a fin de obtener la libertad del imputado.
En tanto que la secretaria del tribunal empezó a notificar la resolución emitida la madrugada del pasado viernes a los abogados de los nueve imputados que fueron enviados a prisión, incluyendo el director y el jefe de operaciones de la DICAN y a dos fiscales adjunto.
La medida de coerción fue dictada en contra de los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López; así como el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González. La jueza Martínez Mejía acogió el pedimento del ministerio público.
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