Ordenaron que los ciudadanos y ciudadanas detenidos deberán ser remitidos a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que dirige el magistrado John Henry Reynoso, desde donde se han evaluado los casos y se procedería con el sometimiento a la justicia a través de los juzgados de las distintas jurisdicciones del país.
Dentro las sanciones establecidas por las leyes en estos casos se encuentran la prisión correccional, pago de multas y trabajo comunitario, dependiendo de la magnitud de cada uno.
En un comunicado de prensa, las autoridades destacan que cuando se realiza una gran cantidad de llamadas indebidas en este tipo de servicio, se produce un sabotaje y daño al sistema, lo cual es sancionado por las leyes 53-07 de Alta Tecnología y la 140-13 que regula el Sistema 9-1-1.
El listado del 9-1-1 de personas que fueron reportadas al hacer llamadas molestosas a dicho sistema establece que la mayor parte procede de sectores del Distrito Nacional y los distintos municipios de la provincia Santo Domingo, así como a través de teléfonos móviles desde otras localidades del país, entre ellas, Punta Cana, Azua, Bonao, Villa Altagracia, La Romana, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Barahona y San Cristóbal.
Las autoridades reiteraron el llamado de advertencia a los ciudadanos y ciudadanas para que se abstengan de incurrir en este tipo de situaciones que pone en riesgo la vida de miles de personas y familias que podrían estar necesitando realmente dicho servicio.
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